Caracas, Venezuela.- Tras el laudo emitido por el Tribunal de la CCI, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aclara que solo le corresponderá pagar unos 255 millones de dólares en un plazo de 60 días a la transnacional estadounidense Exxon Mobil.
El pago de los 255 millones de dólares, proviene de subtraer a la indemnización otorgada de 907 millones de dólares una serie de créditos reconocidos a PDVSA, entre las cuales se encuentran 191 millones de dólares que Exxon Mobil debe a PDVSA por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos por prestamos para el financiamiento del proyecto Cerro Negro; 300 millones de dólares que Exxon Mobil solicito congelar en cuentas de PDVSA en Nueva York durante las acciones legales que emprendió en el 2007 y 160 millones de dólares de reconvenciones que el tribunal del CCI acredita a PDVSA al pagar en los próximos 60 días.
Luego del arbitraje iniciado por una filial de Exxon Mobil en contra de PDVSA y PDVSA Cerro Negro debido a la decisión soberana del Estado venezolano de nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco en el 2007, se ratifica que los montos reclamados al inicio del caso, de 12 mil millones de dólares, más intereses desde 2007, eran completamente exagerados y fuera de toda lógica. En aquel momento, Exxon Mobil intentó congelar los activos de PDVSA alrededor del mundo con una acción en la Alta Corte de Justicia en Londres, en enero de 2008.
Desde esa fecha, el Estado venezolano y PDVSA mantuvieron siempre la posición que tal cantidad estaba fuera de la realidad. Transcurridos cuatro años de arbitraje, el monto real determinado por el Tribunal de la CCI representa, en efecto, menos de la exorbitante suma inicialmente reclamada.
PDVSA reconoce que el importe de la compensación es consistente con lo que ha declarado públicamente desde el principio, es decir, que las demandas de ExxonMobil eran muy exageradas y esta lista para hacerla efectiva en los próximos 60 días una vez acreditadas las cantidades a las que tiene derecho. Si Exxon Mobil hubiese estado dispuesta a aceptar una compensación razonable, que el tribunal arbitral ha confirmado, no hubiese sido necesario un arbitraje.
Exxon Mobil también está llevando un arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela ante el centro de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la misma nacionalización.
Si Exxon Mobil continúa con este segundo arbitraje y sus esfuerzos por conseguir una compensación exorbitante por la nacionalización, la República Bolivariana de Venezuela dará todos los pasos necesarios para defenderse, tal como lo ha hecho PDVSA en este caso del arbitraje contra PDVSA ante la CCI.
El Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela siempre ha indicado que esta dispuesto a compensar las inversiones realizadas por intereses privados en las decisiones soberanas de nacionalizar activos estratégicos para el interés del país, siempre y cuando esta compensaciones sean justas y razonables. El Gobierno defenderá los intereses de la nación cuando los inversionistas privados decidan acudir a los arbitrajes internacionales, aun cuando estos son rechazados por el Estado Venezolano por ser lesivos a la soberanía jurisdiccional y que fueron impuestos por la cuarta republica durante el proceso entreguista de la terrible apertura petrolera.
El pago de los 255 millones de dólares, proviene de subtraer a la indemnización otorgada de 907 millones de dólares una serie de créditos reconocidos a PDVSA, entre las cuales se encuentran 191 millones de dólares que Exxon Mobil debe a PDVSA por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos por prestamos para el financiamiento del proyecto Cerro Negro; 300 millones de dólares que Exxon Mobil solicito congelar en cuentas de PDVSA en Nueva York durante las acciones legales que emprendió en el 2007 y 160 millones de dólares de reconvenciones que el tribunal del CCI acredita a PDVSA al pagar en los próximos 60 días.
Luego del arbitraje iniciado por una filial de Exxon Mobil en contra de PDVSA y PDVSA Cerro Negro debido a la decisión soberana del Estado venezolano de nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco en el 2007, se ratifica que los montos reclamados al inicio del caso, de 12 mil millones de dólares, más intereses desde 2007, eran completamente exagerados y fuera de toda lógica. En aquel momento, Exxon Mobil intentó congelar los activos de PDVSA alrededor del mundo con una acción en la Alta Corte de Justicia en Londres, en enero de 2008.
Desde esa fecha, el Estado venezolano y PDVSA mantuvieron siempre la posición que tal cantidad estaba fuera de la realidad. Transcurridos cuatro años de arbitraje, el monto real determinado por el Tribunal de la CCI representa, en efecto, menos de la exorbitante suma inicialmente reclamada.
PDVSA reconoce que el importe de la compensación es consistente con lo que ha declarado públicamente desde el principio, es decir, que las demandas de ExxonMobil eran muy exageradas y esta lista para hacerla efectiva en los próximos 60 días una vez acreditadas las cantidades a las que tiene derecho. Si Exxon Mobil hubiese estado dispuesta a aceptar una compensación razonable, que el tribunal arbitral ha confirmado, no hubiese sido necesario un arbitraje.
Exxon Mobil también está llevando un arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela ante el centro de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por la misma nacionalización.
Si Exxon Mobil continúa con este segundo arbitraje y sus esfuerzos por conseguir una compensación exorbitante por la nacionalización, la República Bolivariana de Venezuela dará todos los pasos necesarios para defenderse, tal como lo ha hecho PDVSA en este caso del arbitraje contra PDVSA ante la CCI.
El Gobierno de la Republica Bolivariana de Venezuela siempre ha indicado que esta dispuesto a compensar las inversiones realizadas por intereses privados en las decisiones soberanas de nacionalizar activos estratégicos para el interés del país, siempre y cuando esta compensaciones sean justas y razonables. El Gobierno defenderá los intereses de la nación cuando los inversionistas privados decidan acudir a los arbitrajes internacionales, aun cuando estos son rechazados por el Estado Venezolano por ser lesivos a la soberanía jurisdiccional y que fueron impuestos por la cuarta republica durante el proceso entreguista de la terrible apertura petrolera.
Con información del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería