La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría ha anunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros un amplio paquete de medidas (que AsturiasMundial les ofrecerá posteriormente a este avance) que el desafe presupuestario es muy elevado, sobre lo dicho por el anterior Gobierno, y se eleva al 8% lo que obliga a adoptar medidas extraordinarias ante tan grave situación, comenzando por un decreto de no disponibilidad de 8.900 M€ del presupuesto de 2011 prorrogado.

Entre otras medidas, el Gobierno anuncia la actualización de las pensiones en el 1%, el mantenimiento de todas las prestaciones por desempleo y la prórroga a partir de febrero de los 400 euros para los parados que han quedado sin prestación.

No se recorta el sueldo de los empleados públicos, que siguen sí congelados, y se cierra la oferta pública de empleo en todas las administraciones.

Se rebajan en un 20% las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.

Se reduce la estructura administrativa del Estado, suprimiendo un 20% de las direcciones generales.

Se acuerda una subida temporal, por dos años, y progresiva, de determinados impuestos, entre ellos los escalones más altos del IRPF y el Capital.Un gravamen complementario para 2012 y 2012, equitativo y progresivo que se aplica en diferentes niveles a Renta, Capital y en algunos casos a bienes Inmuebles, y va del 0'75 para el primer nivel de renta al 2, 3, 34, 5, 6 y 7%, a partir de 300.000 € de base liquidable.

También se aprobó el cementerio nuclear centralizado en Villar de Cañas, cuya demora venía costando 60.000 € diarios.

LOS ACUERDOS MÁS IMPORTANTES:

MEDIDAS URGENTES DE ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

• Se reduce el gasto en 8.900 millones de euros y se incrementan los ingresos en otros 6.275 millones.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de orden económico y social, y de corrección del déficit público por el que se reduce el gasto en una cuantía aproximada de 8.900 millones de euros y se incrementan los ingresos en otros 6.275 millones de euros.

Este esfuerzo responde a un nuevo cálculo de previsión de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, que se sitúa alrededor del 8 por 100 según los últimos informes facilitados por la Intervención General del Estado.

El Gobierno entiende que estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide. Es por esa razón por la cual el Gobierno se reafirma en el compromiso de cumplir con los objetivos del Programa de Estabilidad del Reino de España.

Se trata de un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles. Por ello, el gobierno revaloriza el poder adquisitivo de las pensiones y hace una reducción de gasto público que no recorta ningún derecho social. Asimismo, establece un incremento del esfuerzo fiscal, especialmente para los ciudadanos de mayor capacidad económica, a través de una nueva figura impositiva temporal y extraordinaria.

Este esfuerzo colectivo va a permitir a España cumplir con sus objetivos, recuperar la confianza y volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

Cumplimiento de compromisos

• El Gobierno ha aprobado el incremento en un 1 por100 de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012, para la recuperación de su poder adquisitivo.
• Se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010. Esta medida se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2011.
• Se establece un IVA superreducido del 4 por 100 para la adquisición de primera vivienda a partir de 2012. Con esta medida se pretende ayudar a la reactivación del mercado de viviendas.

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE GASTO

• Mantenimiento del sueldo de los funcionarios y congelación de la tasa de reposición de las plantillas, excepto para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para los Cuerpos de lucha contra el fraude de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social.
• Incremento del horario laboral de los funcionarios, que pasa a 37,5 horas semanales en todo el territorio nacional. Se puede mantener el horario de 35 horas semanales con una reducción de salario proporcional.
• Mantenimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 641, 40 euros (con catorce pagas) para 2012.
• Envío a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos para la reducción de la subvención a los partidos políticos en un 20 por 100. La misma reducción se aplicará a las subvenciones a los agentes sociales.
• Reducción del presupuesto de RTVE en 200 millones de euros.
• Reducción del presupuesto de RENFE en 200 millones de euros.
• Reducción de las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe total de 600 millones de euros.
• Reducción de las subvenciones de ayuda al desarrollo.
• Reducción en 400 millones de euros en préstamos participativos a los concesionarios de autopistas.
• Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, manteniendo la cobertura a todos los actuales beneficiarios.
• No renovación de la Renta de Emancipación, manteniendo la cobertura actual, que afecta a 300.000 jóvenes,
• Eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Illes Balears y Cataluña.
• Eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón.
• Aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

MEDIDAS DE INCREMENTO DE INGRESOS

Mantenimiento del incremento del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para grandes empresas, que fue adoptado el pasado mes de agosto.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

• Se crea un gravamen complementario para reducción del déficit público temporal y progresivo.
• El gravamen se aplicará en los ejercicios 2012 y 2013 sobre todos los tramos de base liquidable general actualmente vigentes para aplicación de la tarifa estatal. Los porcentajes aplicables oscilan entre el 0'75 por 100 para el primer tramo de la tarifa, el correspondiente a las rentas más bajas, hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000 euros, tramo que se crea nuevo para este gravamen.
• También se establece el gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos superiores a 24.000 euros.
• Las tarifas previstas del gravamen son las siguientes:

El Real Decreto Ley ajusta las retenciones, tanto de rendimientos del trabajo, como del capital, al nuevo gravamen.

Ejemplos

Para una persona soltera sin hijos:

- Si sus ingresos son de 16.000 euros al año, pagará 53,86 euros más al año.

- Si su renta es de 30.000 euros, el incremento es de 248,88 euros anuales.

- Si su sueldo bruto es de 400.000 euros, pagará un incremento de 20.567,95 euros al año.

Para una familia con dos hijos y declaración conjunta:

- Si sus ingresos son 16.000 euros, el incremento de cuota es 0.

- Si sus ingresos son 30.000 euros, el incremento de cuota es 151,81 euros al año.

- Si sus ingresos son 400.000 euros, el incremento de cuota es de 20.300,87 euros al año.

El impacto recaudatorio de esta medida del IRPF en 2012 se ha estimado en la cifra aproximada de 5.357 millones de euros. De este incremento recaudatorio se beneficiarán todas las Administraciones, ya que más del 50 por 100 se destinará a Comunidades Autónomas y Entes Locales a través del modelo de financiación.

La parte correspondiente a la base general del Impuesto se sitúa en el entorno de 4.111 millones de euros.

La parte correspondiente a la base del ahorro se sitúa en el entorno de 1.246 millones de euros.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Al objeto de que las Entidades Locales no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria, se establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del IBI. Se estima que la reforma supondrá un incremento de la recaudación para las Entidades locales de 918 millones de euros.

Este incremento se ha establecido de una manera progresiva (10 por 100, 6 por 100, 4 por 100) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. Además, para evitar penalizar a las rentas más bajas, se ha excluido del incremento al 50 por 100 de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2001. También están exentas de esta subida las viviendas cuyo valor catastral ha sido revisado en los años en que el valor de los inmuebles era más alto (2005-2007). Tienen tipo del 4 por 100, entre otros, los siguientes municipios: Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia, Zamora, Burgos, Gijón, Soria, Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles.

Ejemplos

• Una vivienda con un valor de mercado de 150.000 euros, cuyo valor catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba 150 euros de media. Tras la medida, pagaría 165 euros, ya que el incremento absoluto de la cuota es de 15 euros. Si el valor catastral de esta misma vivienda hubiese sido revisado después de 2002, la reforma aprobada no supondría un incremento de la cuota.
• Una vivienda con un valor de mercado de 300.000 euros, cuyo valor catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba 300 euros de media. Tras la medida, pagaría 330 euros y el incremento absoluto de la cuota sería de 30 euros. Si el valor catastral de esta misma vivienda hubiese sido revisado entre 2002 y 2005, la reforma supondría un incremento de la cuota entre 15 euros y 25 veinticinco euros.

(Más información)

Educación, Cultura y Deporte

SUPRESIÓN DEL CANON DIGITAL

• Aprobado un Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.
• Ambas normas tienen por objeto salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y dinamizar las industrias culturales españolas.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la supresión del canon digital manteniendo la compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Así, el Gobierno desarrollará reglamentariamente el mecanismo que establece una compensación económica calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado. Dicha cantidad será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea.

COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy también, a propuesta conjunta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Justicia, y de Industria, Energía y Turismo, ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

Esta Comisión es un órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, regulado por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Con la aprobación el pasado mes de marzo de la Ley de Economía Sostenible ha experimentado una profunda modificación al ampliar considerablemente sus funciones, que comprenden tanto la mediación y arbitraje (que ya venia ejerciendo), como actuaciones dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Para el ejercicio de estas funciones la Comisión de Propiedad Intelectual se organiza en dos secciones: la Sección Primera ejerce las funciones de mediación y arbitraje, y experimenta una importante ampliación de su ámbito material, lo que refuerza su relevancia en el sistema vigente de la propiedad intelectual, como instrumento idóneo para la resolución extrajudicial de controversias; la Sección Segunda ejercerá las nuevas funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información. Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar la integridad de los derechos fundamentales afectados

Sección Primera

La Sección Primera ya venía ejerciendo las funciones de mediación y arbitraje, pero con este Real Decreto se amplia su alcance. En el caso de la mediación se extenderán sus competencias a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, mientras que en el del arbitraje se amplia a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión. También es relevante la atribución de funciones arbitrales para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas.

Se refuerza así la condición de esta Sección con el objetivo de que sea un instrumento idóneo en el funcionamiento del sistema vigente de la propiedad intelectual para resolver, en vía no jurisdiccional, los conflictos suscitados, siempre que las partes acepten voluntariamente someterse a este tipo de procedimientos.

Esta Sección estará formada por tres miembros nombrados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, y Economía y Competitividad, por un período de tres años renovable por una sola vez. Serán expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, que actuarán conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y en este Real Decreto.

Sección Segunda

La principal función de esta sección es la de salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información. El procedimiento que establece el texto no se dirige contra los usuarios, sino contra los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya sea ofreciendo contenidos ilegales, ya sea prestando servicios de intermediación. En todo caso, se requiere que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos.

La finalidad de este procedimiento es remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como el restablecimiento de la legalidad, cuando ésta haya sido vulnerada. Para ello podrá acordarse la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos que vulneren los derechos.

El Real Decreto regula un procedimiento administrativo, aunque al mismo tiempo prevé la intervención, a instancias de la Comisión, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en dos momentos concretos:

• Cuando los titulares de los derechos vulnerados que instan el procedimiento no puedan identificar a los responsables de la vulneración, se solicitará al Juzgado Central Contencioso-Administrativo que autorice el requerimiento al proveedor de los servicios de intermediación de los datos necesarios para su localización e identificación. El derecho de los interesados a acceder a esta información en el seno del procedimiento administrativo les permitirá, en su caso, ejercer las acciones civiles y penales que correspondan
• Cuando la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento acredite la existencia de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, ordenará la retirada de los contenidos o la interrupción del servicio. Si los responsables no cumpliesen voluntariamente esta orden en veinticuatro horas, deberá solicitarse al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que autorice la ejecución de estas medidas, que deberán ejecutarse en el plazo de 72 horas desde la ejecución del auto.

Este mecanismo permitirá adoptar las decisiones con rapidez suficiente para evitar la lesión de los derechos afectados, ya que se establece un procedimiento con plazos muy cortos, tanto en su fase administrativa, como judicial, y porque se contempla el uso preferente de los medios de comunicación electrónicos en el seno del procedimiento administrativo.

El secretario de Estado de Cultura, o la persona en la que éste delegue, será el presidente de esta Sección, mientras que los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competividad designarán entre el personal de sus Administraciones a cuatro personas que ejerzan de vocales. Para ello tendrán que pertenecer a un grupo o categoría que exija titulación superior, y acreditar conocimientos específicos en materia de propiedad intelectual.

Industria, Energía y Turismo

SELECCIONADA LA CANDIDATURA DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA) PARA ALBERGAR EL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO

• El municipio elegido reúne todas las características técnicas requeridas para este tipo de instalación y el entorno tiene una tasa de paro elevada, por lo que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico positivo.
• El proceso de selección del emplazamiento del Almacén (ATC) se ha caracterizado en todo momento por su transparencia y publicidad.
• El proyecto del ATC y su centro tecnológico asociado supondrá una inversión de setecientos millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos trescientos trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta quinientos trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por la que designa a la candidatura de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, para que albergue el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad y su complementario centro tecnológico. Esta decisión se ha adoptado tras analizar en profundidad el informe sobre las candidaturas elaborado por la Comisión Interministerial creada para la selección del emplazamiento del ATC.

El Almacén Temporal Centralizado es una instalación indispensable en un país que tiene centrales nucleares y, desde luego, la solución más segura y económica al tratamiento de unos residuos que empezaron a generarse en 1968, con la puesta en marcha de la primera central nuclear española, es decir, se trata de dar ahora una solución cabal a un problema anterior, el de los residuos radiactivos, que vienen generándose hace décadas y que se seguirán generando en los próximos años, pues en la actualidad España no está en condiciones de prescindir de la energía nuclear.

Según el informe, los ocho emplazamientos analizados eran aptos para albergar la instalación del ATC. Para redactar el informe se han tenido en cuenta diferentes parámetros como los terrenos ofertados, el apoyo al proyecto, la situación geográfica o el impacto social y económico en la zona.

Teniendo en cuenta todos estos requisitos, la candidatura del municipio de Villar de Cañas reúne todas las características técnicas exigidas para este tipo de emplazamiento y el entorno tiene una tasa de paro elevada, por lo que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico positivo. En concreto, Villar de Cañas obtuvo la calificación de MB (Muy Bueno) en apartados como extensión y geometría, topografía, geotecnia, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riesgo alrededor, zonas de interés estratégico o distancias a núcleos principales. En el parámetro de contribución de los Ayuntamientos también ha obtenido una alta calificación.

Una vez elegido el municipio que albergará el ATC, se iniciarán los trámites para la construcción del proyecto, que incluirá la obtención de las correspondientes autorizaciones nucleares y medioambientales.

Un proceso de selección transparente

El proceso de selección del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido en todo momento transparente y público. El 29 de diciembre de 2009 se abrió el plazo para la presentación de candidaturas, hubo catorce municipios que optaron a ello, pero sólo se admitieron ocho y otros cinco fueron excluidos por errores de forma o presentación fuera de plazo.

Después se procedió al análisis del término municipal de los candidatos definitivos y, tras este trámite, se comunicó a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico.

Son consideradas zonas no aptas las áreas que forman parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza, Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS).

También están excluidas zonas protegidas del Ministerio de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formen parte de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requieren que el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.

A continuación, se abrió el trámite de alegaciones e información pública del procedimiento para que todos los interesados puedan exponer su posición ante cada una de las candidaturas existentes.

Finalmente, la Comisión Interministerial estudió los terrenos propuestos y elaboró el informe de propuesta que ha analizado hoy el Consejo de Ministros para designar el emplazamiento del ATC.

El proyecto de ATC

El vigente Plan General de Residuos Radiactivos contempla para el almacenamiento de estos residuos una solución centralizada, atendiendo a consideraciones estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad.

La instalación de un ATC ha sido considerada también la mejor opción según la opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear, celebrada entre noviembre de 2005 y mayo de 2006.

En el ámbito parlamentario la necesidad de llevar a cabo las acciones oportunas con este fin se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones. El 14 de diciembre de 2004 la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de Enresa, los criterios para construir en España un Almacén Temporal Centralizado.

El 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria del Congreso una Proposición no de Ley para el establecimiento de una Comisión Interministerial para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.

El proyecto consiste en la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para el almacenamiento en seco, durante un período de sesenta años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas cinco hectáreas.

La previsión de inversión total es de unos setecientos millones de euros. Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario de unos trescientos trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta quinientos trabajadores.

Defensa

PRORROGADA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL EXTERIOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 la autorización a las Fuerzas Armadas españolas para participar en las operaciones, fuera del territorio nacional, en las que se encuentran actualmente desplegadas.

Las Fuerzas Armadas españolas participan en la actualidad en cinco operaciones en el exterior, todas ellas amparadas por Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y autorizadas por el Congreso de los Diputados. El número de efectivos autorizados es de 1.521 militares y 40 guardias civiles para Afganistán (ISAF), 1.050 para Líbano (UNIFIL), 25 para Bosnia-Herzegovina (EUFOR ALTHEA), 395 para la operación Atalanta contra la piratería en el Índico, y 20 para la misión en Uganda (EUTM-Somalia).

Medio centenar de observadores militares

Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 la autorización del despliegue de un máximo de 50 observadores militares, oficiales de enlace y asesores militares, a solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para contribuir a misiones de ayuda humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis que realicen aquellas organizaciones internacionales a las que pertenece España.

Mediante el Acuerdo aprobado hoy también se autoriza para 2012 la participación de unidades navales en la operación "Active Endeavour" en el Mediterráneo, en las mismas condiciones que se venía haciendo en años anteriores, así como la asignación de diversas unidades terrestres, navales y aéreas a las Fuerzas Multinacionales Europeas y a las de la Alianza Atlántica.

Hacienda y Administraciones Públicas

ESTRUCTURA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba la nueva estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales. Este Real Decreto supone un importante recorte, de un 18,92 por 100, de órganos directivos en cumplimiento del principio de austeridad y representa por ejemplo la desaparición de treinta direcciones generales de la Administración General del Estado.

Hacienda y Administraciones Públicas

INFORME SOBRE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEYES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre un recurso de inconstitucionalidad contra La Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía; la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos. El recurso se ciñe exclusivamente contra el artículo primero de la misma, en la redacción que da al artículo 6 de la Ley Electoral de Andalucía.

Navarra

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del señor Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único, apartado cuatro, de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.