• La fase de información pública demuestra que hasta el momento ese acuerdo no existe

• El viceconsejero de Infraestructuras se está reuniendo con los diversos interlocutores para conocer de primera mano las diversas opiniones

Oviedo.- La Consejería de Fomento recuerda que el estudio de los accesos a la margen izquierda del Puerto de Avilés se contrató con la finalidad de buscar un acuerdo instado por la Junta General del Principado.

En el texto de la propuesta de contratación del estudio informativo se dejó bien claro que la pretensión del mismo no era otra que satisfacer la pretensión de buscar un acuerdo, de conformidad con dos resoluciones de la Junta General del Principado. El actual Gobierno no hizo hasta el momento otra cosa que impulsar la tramitación de un expediente de largo recorrido, y constatar la realidad mediante la entrevista directa con los interlocutores implicados, a los que se piden sus respectivas opiniones, sin manifestar opinión alguna del Gobierno, que se limita a realizar su trabajo con neutralidad, agilizando un expediente.

La Consejería recuerda los antecedentes:

El 11 de noviembre del 2004 se autorizó el inicio del expediente para contratar un estudio para conectar el Puerto de Avilés con la Red Nacional de Carreteras, del que se desistió en abril del 2010, casi seis años después, ante la imposibilidad de cumplir con la Resolución del 7 de noviembre del  2008, de la Junta General, promovida por el Partido Popular, que instaba “al consejo de Gobierno a dar continuidad al diálogo para consensuar con los ayuntamientos afectados un nuevo trazado para la futura ronda de Avilés”. Una Resolución anterior, del 15 de mayo de aquel año, promovida por Izquierda Unida, ya instaba al consejo de Gobierno a buscar ese consenso.

Ésas son las causas que condujeron a la contratación de la redacción de un nuevo estudio informativo que buscase soluciones con el citado objetivo de conectar las instalaciones portuarias a través de nuevas infraestructuras con capacidad adecuada para resolver las necesidades derivadas de su explotación. Dicho estudio se contrató por resolución del 19 de abril del 2010, de la Consejería de Fomento, teniendo bien presente que se trataba de dar cumplimiento a la Resolución de la Junta General que instaba a “consensuar” ese trazado.

Protocolo entre el Ministerio de Fomento y el Principado de Asturias

El Gobierno anterior de Asturias, había firmado con el Gobierno anterior de España, en el año 2007, un protocolo por el que el Gobierno de Asturias se comprometía a “redactar el proyecto de construcción de la vía de acceso a la margen izquierda del puerto de Avilés”, que el Ministerio de Fomento se comprometía a “financiar y construir”.

El 16 de junio del 2011 se concluyeron los trabajos de redacción del nuevo estudio informativo y el 26 de octubre se iniciaba la información pública en la que se recabaron las alegaciones a dicho estudio informativo y al impacto ambiental del mismo. El 1 de diciembre concluyó ese período de información pública, en la que se constató la existencia de alegaciones que marcan discrepancias sustanciales que ponen de manifiesto que no se alcanzó el “consenso” pretendido en el momento en que se contrató este segundo estudio.

La Viceconsejería de Infraestructuras no ha manifestado opinión alguna

El viceconsejero de Infraestructuras no ha manifestado públicamente ninguna posición, sino que se está reuniendo, una a una, con las partes que han formulado alegaciones, para comprobar en persona si existe o no existe la posibilidad de conseguir un acuerdo entre las mismas para dar cumplimiento a los objetivos que se buscaron cuando se contrató este segundo estudio. Eso es todo.

El Gobierno no tiene ninguna posición al respecto: o existe el acuerdo entre las partes, o no existe el acuerdo entre las partes. De momento, dos de los alegantes han manifestado un punto de vista que podría llegar a resultar coincidente.

La Viceconsejería de Infraestructuras se reunirá próximamente con los ayuntamientos de Gozón y Avilés, para constatar si el nuevo estudio informativo cumple o no cumple con su finalidad, tras lo que se adoptarán las medidas administrativas oportunas, dando vista y audiencia a las partes alegantes.