Por Carlos Ochando Claramunt*.-

El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles resultado de la propia crisis, cuestionan  la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica somete a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar.

Si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado (como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta), sí que, en los últimos años, está sufriendo una profunda reestructuración. La actual crisis económica ha alimentado las propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales son la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales. Este tipo de propuestas vienen, fundamentalmente, de dos frentes -interconectados entre sí-: por una parte, la política económica para hacer frente a la crisis y por otra, las reformas que, desde hace muchos años, se llevan realizando de las propias políticas sociales.

Reflexionemos un poco entre la conexión entre la crisis económica y el Estado del bienestar. ¿Dificulta el Estado del bienestar la salida de la crisis económica? En nuestra opinión, evidentemente, no. Más aún, la salida de la crisis económica debe de pasar por “más” Estado del bienestar y no por “menos”. Enumeremos algunas razones que fundamentan esta propuesta:

1) El Estado del bienestar no es la causa de la crisis económica, sino que, en todo caso, la presumible “crisis del Estado del bienestar” se debe a la crisis económica. Es decir, no es cierto que aquellos países que han desarrollado más extensamente el Estado del bienestar muestren peores resultados en términos económicos. Todo lo contrario. Los países con fuertes Estados del bienestar obtienen mejores resultados en términos de desempleo, crecimiento económico, inflación, productividad y competitividad. Lo cual no quiere decir que no tengan necesidad de reformar de forma periódica y dinámica sus políticas sociales. Por contra, una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar). De ahí, que sea importante instrumentalizar políticas económicas para salir de la crisis económica, no sólo para crear más y mejor empleo, sino para financiar de manera sostenible los gastos públicos sociales.

2) El Estado del bienestar impulsa sectores y actividades económicas potencialmente creadoras de empleo (público y privado). Los servicios sociales y de atención personalizada (personas mayores, dependientes, menores, etc.) son sectores con un crecimiento potencial del empleo muy importante en los próximos años, sobre todo, en países como España, donde estos servicios sociales están claramente infradesarrollados. La potenciación de estos servicios sociales tendría un efecto claramente dinamizador sobre la economía y tendría dos efectos importantes sobre el empleo: a) directo, ya que representan un porcentaje importante del empleo creado en el sector de servicios e b) indirecto, ya que permiten aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo. En el futuro, y según los expertos, especialmente, existen dos áreas que tienen un mayor potencial de crecimiento: la atención a la dependencia y la universalización de la educación infantil  (0-3 años). Es evidente que, para que se de este efecto dinamizador sobre la economía y el empleo, se debe aumentar el gasto público y la inversión pública. Por tanto, el cambio del modelo productivo -del que tanto se habla y poco se concreta- también debe de pasar por potenciar el sector de servicios de atención personal, que constituye uno de los pilares centrales del Estado del bienestar.

3) Está bastante contrastado que la desigualdad en la distribución de la renta está negativamente correlacionada con el crecimiento económico a largo plazo, o lo que es lo mismo, existe una relación positiva entre el gasto público social y la eficiencia y el crecimiento económico y, por tanto, también con la productividad y la competitividad.

II- Estado del bienestar y nuevos riesgos sociales.

¿Significa la defensa del Estado del bienestar que no hacen falta reformas en los actuales Estados del bienestar? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social.

¿Por qué hacen falta reformas? El Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Además, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. Enumeraremos algunas:

1)  la globalización y el cambio tecnológico (modificaciones de la distribución del trabajo a lo largo de la vida, necesidad de adaptación de las cualificaciones a los avances tecnológicos, etc.);

2)  cambios demográficos (envejecimiento de la población,  descenso de la natalidad, aumento de la esperanza de vida, flujos migratorios en un contexto de aumento global de la población, etc.);

3)  reconfiguración del modelo familiar tradicional (entrada de la mujer en el mercado laboral, cambios en las relaciones familiares, aumento de las familias monoparentales, diversificación modelos de familia, etc.);

4)  importantes transformaciones en el mercado de trabajo (aumento del desempleo, segmentación/dualidad laboral, precariedad, incorporación cada vez más tardía de las personas jóvenes al mercado de trabajo, mayor tasa de desempleo juvenil, incorporación progresiva de las mujeres al mercado de trabajo, etc.) y

5)  una desigualdad y polarización económica y social creciente (presencia de nuevas y amplias capas de pobreza, marginación,  precariedad,  nuevos colectivos en dificultades como jóvenes, mujeres, personas no cualificadas, mayores de 50 años, etc.).

Todo ello explica que aparezcan nuevos riesgos sociales, para los cuales el tradicional Estado del bienestar, probablemente, no esté preparado para hacerles frente (véanse los trabajos de Esping-Andersen, G. y Palier, B. (2009): Los tres grandes retos del Estado del bienestar. Ariel, Barcelona. y Mulas-Granados, C. (Coord.) (2010): El Estado dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del Estado de bienestar en Europa. Editorial Completense, FIIAPP, Madrid). Señalemos algunos de estos “nuevos riesgos sociales”:

1)  la transición hacia una economía del conocimiento y de servicios, provocada por las nuevas tecnologías y las nuevas preferencias de los consumidores (por ejemplo, la mayor importancia del capital humano);

2)  el nuevo papel de las mujeres y la igualdad progresiva entre géneros;

3)  el aumento de la esperanza de vida y envejecimiento de la población;

4)  los nuevos riesgos de polarización social y

5)  la crisis del modelo “familiarista” de bienestar.

Respecto a este último fenómeno, autores como Esping-Andersen, están demostrando, en sus recientes trabajos, los claros síntomas de agotamiento del modelo tradicional de familia (por ejemplo, la diferencia entre los niños deseados por las mujeres que suelen ser 2 y los que realmente nacen; el retraso de la mujer en tener hijos; el aumento de las separaciones y divorcios; las familias monoparentales de baja cualificación y baja renta; la mayor polarización entre las familias en los indicadores de vida familiar como el tiempo de atención de los padres a los niños, la  estabilidad económica, etc.).

Las conclusiones de este tipo de trabajos son claras: debemos superar el modelo “familiarista” de Estado del bienestar (cuya arquitectura y diseño data de los años posteriores a la II Guerra Mundial y cuyos pilares básicos eran el no activismo o la pasividad del Estado en el ámbito familiar) hacia un Estado proactivo, con una política familiar modernizada. En este nuevo diseño, la política familiar debe ser considerada como una inversión social clave para alcanzar otros objetivos de las políticas de bienestar (como por ejemplo, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la reducción de la pobreza infantil).

A partir de este enfoque, ¿qué nuevas acciones estratégicas debe desarrollar el Estado del bienestar en el futuro? Como plantean Esping-Andersen y Palier (2009), la estrategia futura (no tan alejada en el tiempo) debería superar las políticas sociales reparadoras y compensatorias por una estrategia preventiva basada en la lógica de la inversión social. Se trataría de pasar de un Estado del bienestar esencialmente “enfermero” a un Estado del bienestar “inversor”. Como señalan los propios autores, “pensar de otra forma ciertos gastos sociales: no ya como un coste que supone un obstáculo al crecimiento económico, sino como una inversión que acompaña y apoya la transición hacia la economía del conocimiento. Ayudar a los niños a adquirir las competencias adaptadas a las actividades de vanguardia, permitir a las mujeres trabajar, son garantías de un crecimiento más fuerte y de mejores ingresos para el Estado del bienestar” (Esping-Andersen y Palier, 2009 : 14).

Esta nueva arquitectura del Estado del bienestar tendría como pilares centrales, entre otros, los siguientes:

1) una mayor inversión social para la infancia;

2) medidas de conciliación de la vida familiar y laboral para facilitar al máximo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo;

3) el fomento de la inversión en capital humano en todas las edades;

4) la flexiseguridad en el mercado laboral;

5) la flexibilización del ciclo de vida (la jubilación flexible, nuevas combinaciones entre ocio y trabajo, etc.) y

6) la aceptación de la inmigración y el fomento de su integración.

Entre todas estas medidas, destaca una por sus implicaciones sobre otros objetivos de política social: la necesidad de dedicar una mayor inversión pública a la infancia. Si tenemos en cuenta el alto coste económico de la pobreza infantil y del fracaso escolar, la inversión en la infancia (entre 0 y 6 años) para combatir la herencia social es una política que compatibiliza de manera equilibrada la eficiencia y la equidad. La construcción de una extensa red pública de escuelas o centros educativos infantiles tendría otros efectos muy positivos, como son: contribuir a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, aumentar la fecundidad, eliminar o reducir la pobreza infantil, aumentar los ingresos fiscales, invertir en el desarrollo cognitivo de la infancia y, por tanto, en las oportunidades vitales de las personas en la edad adulta, etc.

Evidentemente, el desarrollo de esta nueva arquitectura requiere dos condiciones: 1) un incremento del gasto público (y/o la reordenación y cambio de sus prioridades) y 2) voluntad política. Ambas condiciones parecen faltar en este momento. La primera por los planes de ajuste (reducción) de gasto público (pieza central en la estrategia de consolidación fiscal) y la segunda, por el perfil político conservador de los principales gobiernos que sustentan la actual gobernanza europea.

*Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia/EconoNuestra