Rosa Díez, diputada nacional de UPyD, ha anunciado esta mañana que UPyD utilizará el artículo 24 del Reglamento de la Mesa del Congreso y formará grupo parlamentario propio con la asociación temporal a petición propia del diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, para evitar que el Partido Popular utilice a Unión Progreso y Democracia como coartada para conceder a Amaiur grupo parlamentario. “Lo que ha hecho el PP con nosotros es una ofensa que no vamos a tolerar”, ha tratado igual a “un partido perseguido por ETA y a un partido tutelado por ETA”.
UPyD ha recibido la confianza de 1.143.225 ciudadanos a los que la Ley Electoral castiga con una representación muy inferior a la que les correspondería con un sistema más justo, y por tanto no puede aceptar que un reglamento (o más bien su aplicación injusta por parte del partido mayoritario en la Mesa del Congreso, el Partido Popular) aplique un segundo castigo al impedirle la formación de su propio grupo parlamentario. UPyD tiene el derecho y la obligación de acceder a los medios que mejor le permitan defender las reformas, propuestas y principios que condujeron a tantos ciudadanos a votarle.
Por este motivo UPyD presentó en el Congreso su solicitud de formar grupo parlamentario propio y por este motivo aceptará la petición del diputado del Foro Asturias Ciudadano de sumarse temporalmente a su grupo, alcanzando así el 5% que hace imposible que la mayoría de la Mesa pueda denegar su petición. De este modo, además, UPyD pone de manifiesto que el Partido Popular ha practicado estos días un doble juego con el fin de justificar decisiones tomadas de antemano. El PP ha lanzado mensajes contradictorios, y algunos de sus dirigentes se han permitido equiparar pública y repetidamente el caso de UPyD con el de Amaiur. Esto sólo es comprensible si desde un primer momento se ha decidido dar vía libre a los testaferros de ETA y se pretende utilizar a UPyD como excusa, fingiendo que si el reglamento es flexible para uno tiene que serlo para el otro, como si, aparte de las diferencias de índole moral no hubiera también 800.000 votos de distancia.
Resulta decepcionante que el partido que va a gobernar España durante los próximos cuatro años no tenga la más mínima sensibilidad hacia la injusticia que supone la Ley Electoral y no utilice los instrumentos que ya tiene para paliarla. Y resulta alarmante que el PP, con su mayoría absoluta, juegue a que no se puede dar un trato diferente a UPyD y Amaiur. No sólo eso, sino que su actitud en los últimos tiempos ha sido de una complacencia apenas disimulada con el discurso sobre la negociación que han hecho dirigentes del PSOE. Con algunas honrosas excepciones, desde el PP no se han escuchado voces claras ante las confesiones de Jesús Eguiguren que demuestran las mentiras del anterior Gobierno acerca de la negociación con ETA. La actitud calculadamente ambigua de los dirigentes populares sólo puede conducir a la sospecha de que están dispuestos a recoger las nueces de la indecente negociación sin hacer demasiadas preguntas por el proceso.
En todo caso, UPyD dará la oportunidad a la nueva mayoría de tomar una posición más clara, y presentará inmediatamente una Proposición No de Ley para instar a la ilegalización de Amaiur, por tratarse de la continuación de Batasuna y, por tanto, del brazo político de ETA. Esperamos que el PP no decepcione a sus votantes incurriendo en actitudes que tanto criticó, con razón, en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
UPyD ha recibido la confianza de 1.143.225 ciudadanos a los que la Ley Electoral castiga con una representación muy inferior a la que les correspondería con un sistema más justo, y por tanto no puede aceptar que un reglamento (o más bien su aplicación injusta por parte del partido mayoritario en la Mesa del Congreso, el Partido Popular) aplique un segundo castigo al impedirle la formación de su propio grupo parlamentario. UPyD tiene el derecho y la obligación de acceder a los medios que mejor le permitan defender las reformas, propuestas y principios que condujeron a tantos ciudadanos a votarle.
Por este motivo UPyD presentó en el Congreso su solicitud de formar grupo parlamentario propio y por este motivo aceptará la petición del diputado del Foro Asturias Ciudadano de sumarse temporalmente a su grupo, alcanzando así el 5% que hace imposible que la mayoría de la Mesa pueda denegar su petición. De este modo, además, UPyD pone de manifiesto que el Partido Popular ha practicado estos días un doble juego con el fin de justificar decisiones tomadas de antemano. El PP ha lanzado mensajes contradictorios, y algunos de sus dirigentes se han permitido equiparar pública y repetidamente el caso de UPyD con el de Amaiur. Esto sólo es comprensible si desde un primer momento se ha decidido dar vía libre a los testaferros de ETA y se pretende utilizar a UPyD como excusa, fingiendo que si el reglamento es flexible para uno tiene que serlo para el otro, como si, aparte de las diferencias de índole moral no hubiera también 800.000 votos de distancia.
Resulta decepcionante que el partido que va a gobernar España durante los próximos cuatro años no tenga la más mínima sensibilidad hacia la injusticia que supone la Ley Electoral y no utilice los instrumentos que ya tiene para paliarla. Y resulta alarmante que el PP, con su mayoría absoluta, juegue a que no se puede dar un trato diferente a UPyD y Amaiur. No sólo eso, sino que su actitud en los últimos tiempos ha sido de una complacencia apenas disimulada con el discurso sobre la negociación que han hecho dirigentes del PSOE. Con algunas honrosas excepciones, desde el PP no se han escuchado voces claras ante las confesiones de Jesús Eguiguren que demuestran las mentiras del anterior Gobierno acerca de la negociación con ETA. La actitud calculadamente ambigua de los dirigentes populares sólo puede conducir a la sospecha de que están dispuestos a recoger las nueces de la indecente negociación sin hacer demasiadas preguntas por el proceso.
En todo caso, UPyD dará la oportunidad a la nueva mayoría de tomar una posición más clara, y presentará inmediatamente una Proposición No de Ley para instar a la ilegalización de Amaiur, por tratarse de la continuación de Batasuna y, por tanto, del brazo político de ETA. Esperamos que el PP no decepcione a sus votantes incurriendo en actitudes que tanto criticó, con razón, en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
