El nuevo baremo de indemnizaciones aumenta las compensaciones por daños y premia a quienes adopten medidas preventivas

El Gobierno del Principado de Asturias ha activado hoy un nuevo plan para el control de la población de lobos, apenas un mes después de que la especie dejara de estar incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El programa, publicado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), estará en vigor hasta el 31 de marzo de 2026 y permitirá la extracción de hasta 53 ejemplares con el objetivo de equilibrar la conservación de estos cánidos con el apoyo a la ganadería extensiva, vital para el desarrollo del medio rural asturiano.

El Bopa recoge también el nuevo baremo de indemnización por daños de la fauna salvaje, que contempla mayores compensaciones y bonificaciones específicas para ganaderos que críen razas autóctonas, protejan reses certificadas con marcas de calidad o adopten medidas de prevención contra ataques de fauna.

"Compromiso real con el medio rural"

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha subrayado que la reanudación del control del lobo y la mejora en las indemnizaciones evidencian "un compromiso real con el medio rural asturiano". “Estamos actuando con agilidad, sin perder un solo minuto”, ha asegurado Marcos, remarcando que la prioridad es garantizar la convivencia entre la fauna salvaje y la actividad ganadera tradicional.

Desde que en septiembre de 2021 el lobo fue incluido en el Lespre, se prohibió su control en toda España. Asturias mostró desde el primer momento su rechazo a esa sobreprotección y defendió su propio plan de gestión, aunque no autorizó la caza del lobo en ningún momento, a diferencia de otras comunidades. La situación cambió el 20 de marzo, cuando el Congreso de los Diputados aprobó su exclusión del Lespre, oficializada el 2 de abril con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Zonas de actuación y cifras de daños

El plan establece que los controles se llevarán a cabo en siete zonas geográficas diferenciadas, en función del nivel de daños registrado, además de prever actuaciones en áreas sin gestión específica. Los cupos asignados son:

• Zona 1 (Noroccidental): Hasta 6 lobos, tras daños en 748 reses en 2024.

• Zona 2 (El Palo-Esva): Hasta 6 lobos, por 768 reses afectadas.

• Zona 3 (Suroccidental): Hasta 4 ejemplares, con 84 cabezas dañadas.

• Zona 4 (Centro-occidental): Hasta 6 lobos, con 425 ataques registrados.

• Zona 5 (Central): Hasta 8 lobos, tras daños a 473 reses.

• Zona 6 (Centro-oriental): Hasta 8 lobos, con 292 reses afectadas.

• Zona 7 (Picos de Europa fuera del parque nacional): Hasta 4 ejemplares.

• Áreas sin gestión específica: Hasta 11 lobos, ampliables si fuese necesario.

El periodo de ejecución de los controles se desarrollará principalmente entre enero y abril y entre septiembre y diciembre, aunque se permitirán extracciones puntuales también entre mayo y agosto si se detectan animales con reiterados ataques.

Los métodos contemplados incluyen recechos, aguardos, capturas durante cacerías autorizadas de otras especies y, en última instancia, batidas. Además, se podrá solicitar la colaboración de cazadores cuando sea necesario.

Aumento de daños y de costes

Los últimos estudios reflejan que Asturias alberga 45 manadas de lobos, de las cuales 42 son reproductoras, con una población estimada entre 360 y 405 ejemplares. Desde 2001, año en el que existían 22 manadas, la expansión de la especie ha sido constante, así como los daños a la ganadería.

En 2024 se tramitaron daños por valor de:

• 3.257 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y equino.

• Un incremento del 19,70% respecto a 2021.

• Un coste total en indemnizaciones de 1.538.028 euros, lo que representa un aumento del 96,16% en comparación con 2021.

Un modelo de gestión equilibrado

El Gobierno asturiano apuesta con esta medida por un modelo de gestión equilibrado, en el que la preservación de la fauna conviva con la actividad económica tradicional del medio rural. La rapidez en la reactivación de los controles y la mejora de las indemnizaciones son, en palabras del Ejecutivo autonómico, una respuesta firme a las demandas del sector ganadero y una apuesta por el desarrollo sostenible del medio natural asturiano.