El organismo detecta vertidos incontrolados, exceso de contaminantes y ausencia de controles en decenas de autorizaciones. La vigilancia se refuerza este 2025 para proteger la calidad de las aguas.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha dado la voz de alarma: los vertidos de aguas residuales siguen siendo una amenaza directa para los ríos de la cuenca cantábrica. En 2024, el organismo detectó 90 casos de infracción relacionados con vertidos autorizados, a los que se suman 30 denuncias por otros vertidos irregulares localizados en campo por los agentes medioambientales.

El problema no es menor: en la actualidad existen más de 4.700 vertidos autorizados activos en la demarcación, provenientes de redes de saneamiento urbano, industrias o escorrentías pluviales contaminadas. Todos estos vertidos deben ajustarse a unos límites y controles estrictos, pero muchos no cumplen con sus obligaciones.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran la ausencia de informes de seguimiento, vertidos con parámetros contaminantes que superan los máximos permitidos, y falta de comunicación de cambios técnicos que afecten a la composición o volumen del vertido.

Más vigilancia y control en 2025

La CHC ha anunciado que reforzará en 2025 su dispositivo de inspección, con más recursos técnicos y humanos destinados a controlar los puntos de vertido. Las inspecciones son claves para detectar focos de contaminación que escapan a los controles automáticos o que se mantienen ocultos bajo el radar administrativo.

Los resultados de 2024, tras 87 inspecciones directas sobre 162 vertidos y decenas de acciones en campo, han motivado una revisión de los protocolos. “No vamos a permitir que quien contamina actúe con impunidad. Cada vertido fuera de control es una agresión al río y a la salud de nuestros ecosistemas”, señalan desde la Confederación.

Un marco legal estricto

La Ley de Aguas obliga a que cualquier vertido al dominio público hidráulico –ya sea en cauces, ríos, arroyos o incluso al subsuelo– cuente con autorización expresa. Esta autorización fija límites precisos para contaminantes como nitrógeno, fósforo, materia orgánica o metales pesados, entre otros.

Además, las entidades titulares de los vertidos están obligadas a realizar autocontroles, enviar informes periódicos y comunicar cualquier cambio técnico. La Confederación puede imponer sanciones, exigir medidas correctoras, e incluso suspender o revocar la autorización si no se cumplen los requisitos.

Sanciones, concienciación y responsabilidad compartida

Desde la CHC recuerdan que proteger el agua no es solo una cuestión ambiental, sino también de salud pública, turismo sostenible y equilibrio territorial. Para ello, apelan a la responsabilidad de ayuntamientos, empresas, industrias y ciudadanía.

Los datos oficiales revelan que el volumen total autorizado de vertidos en la demarcación supera los 523.000 metros cúbicos anuales. Una cifra que refleja la importancia del control y la necesidad de aplicar todos los mecanismos legales para evitar que el uso del agua termine en abuso.