La histórica sentencia reconoce la responsabilidad patrimonial del Gobierno asturiano por el zarpazo de un oso a Carmen Suárez, de 75 años, en 2021. La víctima sufrió lesiones permanentes y una larga batalla judicial.
Es la indemnización más alta en Asturias por el ataque de un animal salvaje a una persona. Y, lo que es más importante, sienta un precedente que podría cambiar para siempre la forma en que se gestiona la fauna salvaje protegida en el Principado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Gobierno autonómico a pagar 83.600,77 euros a Carmen Suárez, vecina de Sonande, por los daños físicos y psicológicos sufridos tras el ataque de un oso pardo en mayo de 2021.
Un paseo que terminó en tragedia
El 30 de mayo de 2021, Carmen Suárez, de 75 años, caminaba por la carretera de acceso a su aldea cuando fue embestida por un oso. El ataque le provocó una fractura de cadera, heridas en el rostro, pérdida dental y múltiples secuelas que arrastra desde entonces. “Ha sido un calvario”, asegura la mujer, cuya vida cambió radicalmente desde aquel día.
El proceso de recuperación fue largo, y la administración se negó desde el principio a asumir ninguna responsabilidad, alegando que se trataba de un suceso “imprevisible”.
La justicia tumba los argumentos del Principado
El TSJA ha sido tajante: el Principado debe responder por los daños causados por la fauna silvestre, especialmente tratándose de especies protegidas bajo su gestión. En su fallo, los magistrados destacan la “paradoja” de que la administración autonómica sí indemnice a ganaderos por ataques a animales, pero no a las personas afectadas por esos mismos ataques.
El tribunal también rechazó el argumento de imprevisibilidad, subrayando que la presencia del oso pardo en la zona era conocida, y que las autoridades tenían la obligación de prevenir riesgos para la población.
Un caso que sentará precedente
El abogado de la víctima, Juan Ramón Campo, acompañado por su compañera Laura Arias, lamenta el trato recibido durante el proceso: “Nos obstruyeron el acceso a los informes, no respondieron a las solicitudes y rechazaron sistemáticamente cualquier intento de acuerdo. Solo cuando acudimos al Consejo de Transparencia conseguimos una respuesta, y aun así, parcial”.
La familia de Carmen y su defensa piden ahora responsabilidades políticas a quienes denegaron la reclamación inicial e ignoraron durante años las consecuencias del ataque.
Un precedente jurídico con implicaciones en toda España
La sentencia no solo reconoce una indemnización inédita en Asturias, sino que puede sentar jurisprudencia a nivel nacional. A partir de ahora, otras víctimas de ataques de fauna salvaje en zonas protegidas podrían acogerse a este fallo para exigir compensaciones similares.
Además, se abre el debate sobre la convivencia entre especies protegidas y poblaciones rurales, y sobre los mecanismos que deben activarse cuando la protección del medio natural entra en conflicto con la seguridad ciudadana.
Una alerta para el futuro: “No puede volver a pasar”
Carmen Suárez, aún con movilidad reducida, insiste en que no busca venganza: “Solo quería justicia. Que se reconozca que no fue culpa mía, y que nadie más tenga que pasar por esto sin apoyo.” Su caso, ahora, es un símbolo de cómo la lucha individual puede provocar un cambio colectivo.
La sentencia obliga al Principado a pagar 83.600 euros por daños físicos, secuelas y perjuicio moral, un montante que marca un antes y un después en la relación entre el ciudadano y la administración ante ataques de fauna silvestre.
