La consejera de Transición Ecológica corrobora que en el piso 3º de la mina donde murieron cinco trabajadores se excavaron al menos dos huecos posteados de casi 25 metros de altura, pese a no tener licencia para extraer carbón. Blue Solving se enfrenta a consecuencias penales si se consolida la hipótesis de actividad minera ilegal con resultado de muerte.

Ya no es una sospecha. Es una afirmación oficial. La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, ha confirmado este viernes ante la Junta General que en la mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón de forma ilegal. Lo que hasta ahora eran "indicios" se transforma en una constatación técnica: dos galerías posteadas de 18,2 y 24,6 metros de longitud, con una altura de hasta 30 metros, fueron descubiertas en el piso tercero, una zona donde Blue Solving no tenía ningún permiso de extracción, solo autorización para recuperar materiales antiguos.

La gravedad del hallazgo sacude por completo la gestión de la empresa y abre una nueva etapa judicial y política en torno al caso más trágico de la minería asturiana en los últimos 30 años.

Lo que ya sabemos a día de hoy

• Cinco mineros murieron y cuatro resultaron heridos graves el pasado 31 de marzo por una explosión en la mina de Cerredo (Degaña), gestionada por Blue Solving.

• El Gobierno asturiano se ha personado como acusación particular y ha iniciado un expediente sancionador.

• Las inspecciones han detectado excavaciones que implican actividad minera no declarada.

• La empresa solo tenía permiso para retirar escombros y material residual, con fecha límite hasta el 11 de abril de 2025.

• Se está investigando si se vulneraron deliberadamente los límites legales para explotar carbón en zonas prohibidas.

¿Qué implica esta revelación?

La confirmación de estas excavaciones ocultas convierte lo que era un accidente industrial en una posible negligencia criminal, con consecuencias penales para los responsables de Blue Solving. De probarse que la explosión se originó durante una operación de extracción no autorizada, el caso pasará a formar parte de la categoría más alta de responsabilidad empresarial: actividad ilegal con resultado de muerte.

“No estaríamos hablando de un simple incumplimiento administrativo, sino de una irregularidad legal con consecuencias letales”, afirmó la consejera Díaz durante su intervención, visiblemente afectada.

¿Cómo pudo suceder?

Entre 2022 y 2024, la mina recibió nueve inspecciones oficiales. Ninguna de ellas detectó actividad irregular en el piso 3º. Sin embargo, apenas días después del accidente, los técnicos del Servicio de Minas hallaron estructuras claramente preparadas para el avance extractivo. Esto plantea dudas serias sobre la efectividad de la supervisión técnica y ha llevado al Principado a solicitar una auditoría interna de su propio Servicio de Minas.

También se ha abierto el debate sobre el uso de subvenciones públicas por parte de Blue Solving, que recibió ayudas en el marco de la transición energética.

¿Qué puede pasar ahora?

Con estos nuevos datos, Blue Solving afronta una posible imputación por delitos contra la seguridad en el trabajo, homicidio imprudente e incluso fraude, si se demuestra que las labores mineras ilegales eran sistemáticas y deliberadas.

La empresa, que justificaba su presencia en la zona como parte de un proyecto de recuperación y transición energética, podría haber operado como una tapadera para explotar carbón sin licencia, mientras recibía respaldo institucional.

Un clamor por justicia

Los familiares de David, Jorge, Rubén, Amadeo e Iván —los cinco mineros fallecidos— exigen respuestas y responsabilidades. “No vamos a permitir que se pase página sin que se haga justicia”, declaraba un portavoz sindical tras conocer la intervención de la consejera.

La investigación sigue abierta, pero ya hay una verdad incuestionable: alguien perforó sin permiso las entrañas de la mina de Cerredo, y cinco personas pagaron con su vida.