Las investigaciones apuntan a una explotación ilegal encubierta bajo permisos de investigación minera. El accidente que costó la vida a cinco trabajadores destapa un entramado de omisiones, denuncias ignoradas y posibles responsabilidades políticas.
La tragedia en la mina de Cerredo ha dejado de ser solo una catástrofe laboral para convertirse en el epicentro de una investigación por graves irregularidades en la gestión minera en Asturias. A día de hoy, todo apunta a que Blue Solving operaba con permisos para estudiar grafito, pero extraía y comercializaba carbón de forma sistemática y sin licencia de explotación.
Permisos de “investigación” usados como tapadera
La documentación oficial muestra que la empresa contaba desde 2024 con permisos para retirar material antiguo y analizar la viabilidad de extraer grafito. Sin embargo, informes internos y denuncias presentadas ante la Fiscalía por la empresa Promining indican que Blue Solving vendía carbón extraído como si estuviera legalmente autorizado para ello. Esa práctica se habría mantenido durante meses, bajo el amparo de actividades de “sondeo” o “limpieza”.
El carbón salía de la mina, llegaba al mercado… y nadie lo paró.
Ocho inspecciones… y ninguna detectó actividad ilegal
La Consejería de Transición Ecológica asegura que se realizaron ocho inspecciones sin hallar pruebas de extracción ilícita. Pero fuentes cercanas a la investigación revelan que la guardería rural del Principado ya había alertado de irregularidades en la actividad minera de Cerredo antes del accidente.
Se investiga ahora si hubo omisiones deliberadas o simples negligencias técnicas. El hecho de que una operación minera activa pasara desapercibida durante meses levanta serias dudas sobre la eficacia —o la voluntad— de los controles administrativos.
¿Quién controlaba qué?
Las tareas que se realizaban en la mina —reconocimiento de galerías, retirada de materiales y supuestas mejoras— se asemejaban en la práctica a una explotación encubierta, según fuentes del sector. La normativa exige que toda actividad extractiva tenga una concesión administrativa específica, algo que Blue Solving no tenía para el carbón.
A esto se suma el hecho de que la plantilla no estaba registrada como trabajadores de una explotación minera, sino como operarios en tareas auxiliares, lo que podría tener implicaciones laborales y penales.
La tormenta política crece
La reacción política no se ha hecho esperar. Mientras el Gobierno del Principado insiste en que la empresa debe ser el foco de la investigación, Izquierda Unida ha pedido que se asuman también responsabilidades políticas. La gestión de los permisos, las inspecciones fallidas y la opacidad en los informes públicos han puesto a la consejera Belarmina Díaz en el centro del debate.
“No se puede cerrar una mina de carbón, autorizar otra con excusas de grafito… y luego mirar hacia otro lado cuando se saca carbón por toneladas”, señalan desde los grupos de la oposición.
¿Qué más se puede destapar en los próximos días?
Fuentes cercanas al caso señalan que la Fiscalía podría avanzar en tres líneas clave en los próximos días:
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Seguimiento económico del carbón extraído: trazabilidad de las ventas realizadas y posibles beneficios ocultos.
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Relaciones entre responsables técnicos y la administración autonómica: contratos, comunicaciones, visitas no registradas.
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Análisis de las condiciones laborales de la plantilla fallecida y su encuadre legal real.
De mina modelo a mina fantasma
El caso de Cerredo deja al descubierto las grietas del sistema de control minero en Asturias. En plena transformación energética, cuando se anuncia a bombo y platillo una nueva central hidráulica en Tineo y se presume de modelo sostenible, el suroccidente asturiano clama por que la justicia llegue también al carbón que no debía salir, y que acabó cobrándose vidas.
