Cinco muertos, una mina con más sombras que permisos, y un empresario marcado por el narco. La tragedia de Cerredo no es solo un accidente: es una bomba de relojería que ya ha empezado a estallar en los despachos.

La explosión que mató a cinco mineros en Cerredo no solo ha dejado un reguero de dolor y luto en las cuencas. Ha destapado también un entramado político-empresarial que amenaza con sacudir los cimientos del Gobierno asturiano y abrir grietas irreversibles en su credibilidad. Lo que ocurrió a 600 metros bajo tierra empieza ahora a emerger en forma de responsabilidades ocultas, correos no leídos, permisos entre tinieblas y relaciones incómodas que nadie quiere explicar del todo.

Porque esto ya no va solo de una negligencia técnica o de una empresa desbordada por su propia ambición minera. Va de cómo un empresario como Jesús Rodríguez Morán, conocido en el sector como Chus Mirantes, con un historial que incluye una imputación por narcotráfico y deudas millonarias por estafas carboneras, logró poner a su hijo de 18 años al frente de una compañía sin experiencia ni solvencia técnica, y conseguir la titularidad de una mina con cinco muertos a sus espaldas. Y todo ello, con el beneplácito tácito o la vista gorda del Principado.

¿Quién responde políticamente?

El ala socialista del Ejecutivo asturiano trata de circunscribir el desastre a la empresa Blue Solving. "El foco está en si cumplía con las licencias", repiten desde el gabinete de Barbón. Pero dentro del propio Gobierno, IU no está dispuesta a dejar las cosas ahí. El consejero Ovidio Zapico ya ha dejado claro que no cerrará filas y que se abrirán todas las puertas, incluso las que apuntan directamente a la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, convertida ya en el blanco de una presión creciente.

Y no es para menos. La Consejería que dirige Díaz avaló que Blue Solving operase en Cerredo, a pesar de informes anteriores sobre ocupación de terrenos públicos, denuncias ciudadanas que se perdieron en un buzón sin revisar y una actividad minera que, según todos los indicios, superaba con creces los límites del permiso otorgado. La empresa no había presentado su plan de labores —obligatorio por ley— ni justificado aún la subvención pública de casi un millón de euros que le había concedido el Ministerio de Transición Ecológica.

¿Y si el sistema falló… o no quiso ver?

La cadena de omisiones administrativas empieza a parecer algo más que una casualidad: inspecciones que no detectaron irregularidades, respuestas rápidas a ocupaciones ilegales, y una sorprendente confianza en una empresa sin trayectoria ni personal técnico cualificado. Blue Solving no existía en el radar minero hace tres años. Hoy, es el nombre que encabeza una de las mayores tragedias laborales en Asturias en décadas.

Y, entre líneas, muchos ya se preguntan si esto marca el principio del fin del modelo de reactivación minera que el Principado defendía como alternativa a la descarbonización. ¿Qué control hay realmente sobre las minas reabiertas? ¿Quién fiscaliza los proyectos de investigación que, en la práctica, esconden actividad extractiva? ¿Cómo pudo operar Blue Solving durante meses sin un plan de labores mientras trasladaba toneladas de material?

La sombra del narcotráfico y el ocaso de un sector

Que el nombre de Chus Mirantes esté detrás de esta tragedia no es anecdótico. Se trata del mismo empresario que espera juicio por introducir casi 400 kilos de cocaína en El Musel ocultos en un cargamento de carbón vegetal. Que el Estado concediera permisos a una mina ligada a su entorno empresarial debería bastar para repensar todo el sistema de adjudicación minera. Pero nadie ha dimitido. Todavía.

Villablino y Degaña lloran hoy a sus muertos, pero lo que está en juego va más allá de la minería asturleonesa: es la credibilidad de un Gobierno y el futuro de un modelo industrial que lleva años entre algodones. Porque lo que se rompió el 29 de marzo en Cerredo no fue solo una galería subterránea. Se rompió también la confianza de un territorio que, con razón, se pregunta si alguien va a pagar por todo esto.

DESTACADO EN RECUADRO:

“La mina de Cerredo era una trampa mortal autorizada desde los despachos”, aseguran fuentes del sector.
“La tragedia podía haber pasado antes, y podría volver a pasar en cualquier momento”.