La explosión mortal que acabó con la vida de cinco mineros en Degaña ha destapado una cadena de irregularidades, advertencias ignoradas y posibles responsabilidades políticas. El caso ya no es una tragedia: es un escándalo de Estado.

En Cerredo ya no se habla solo de una explosión de grisú. Se habla de un sistema que hizo explosión.
El siniestro ocurrido en la mina de Degaña —el más grave en tres décadas en la minería asturiana— ha abierto una grieta que no deja de crecer: advertencias reiteradas de los guardas rurales ignoradas, informes que se quedaron en los despachos, permisos de explotación cuestionados, declaraciones empresariales sospechosas y una administración que llega tarde a todo.

A día de hoy, no se trata solo de esclarecer las causas del accidente. Se trata de preguntarse quién lo permitió, quién no lo frenó y hasta qué punto esta tragedia era evitable.

“Algo anormal ocurrió”: los empresarios abren la puerta a la sospecha

Las primeras palabras públicas de los responsables de la mina no fueron de duelo, sino de defensa. “Hubo algo anormal en esa explosión”, dijeron. Una frase que, lejos de tranquilizar, disparó las alarmas.
En paralelo, quisieron recalcar que “tenemos a todos los trabajadores de nuestra parte”, como queriendo blindarse frente a una posible fractura en el relato.

Sin embargo, esa afirmación no resiste una pregunta clave: ¿por qué hubo que señalar que tenían el apoyo de la plantilla si lo ocurrido fue, según ellos, accidental?
La sensación que dejan esas declaraciones es que sabían que algo no cuadraba.

Alertas ignoradas: los informes que nunca salieron a la luz

Una de las revelaciones más demoledoras llegó días después del accidente: la guardería rural había advertido en varias ocasiones de irregularidades en la actividad minera de Cerredo.
Estos informes, según fuentes conocedoras del expediente, apuntaban directamente a la existencia de movimientos de extracción no autorizados. Y no eran suposiciones: eran constataciones documentadas.

Lo que no se ha aclarado todavía es quién recibió esas alertas y por qué no se actuó en consecuencia.
Ni sanciones. Ni paralizaciones cautelares. Ni siquiera una apertura pública de expediente.

En palabras de un técnico consultado:

“Si esos informes existían y nadie paró la actividad, estamos hablando de algo mucho más grave que un accidente: estamos hablando de una cadena de decisiones —o de omisiones— que pudieron costar vidas.”

Fiscalía y sindicatos: "Esto no se puede tapar"

A medida que la presión crece, la Fiscalía ya ha recibido al menos dos denuncias relacionadas con la gestión de la mina:

• Una de ellas, procedente de la empresa Promining, señala que la actual concesionaria habría estado extrayendo carbón bajo permisos de investigación de grafito.

• La otra apunta a una bocamina clandestina que habría sido utilizada como punto de acceso a explotaciones ilegales.

Ambas denuncias están siendo analizadas por el Ministerio Fiscal, que ya estudia si abrir diligencias por delito contra la seguridad de los trabajadores o incluso contra la administración por omisión de control.

Al mismo tiempo, sindicatos como CCOO y UGT han pedido personarse en la causa y que la administración autonómica se implique directamente en la investigación judicial.

Dimensiones políticas: silencio, contradicciones y riesgo de comisión parlamentaria

El Gobierno del Principado, a través de la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, ha declarado que en los últimos dos años se realizaron hasta ocho inspecciones en la mina sin detectar anomalías.
Pero esa afirmación no encaja con los informes de la guardería rural. Ni con las denuncias ante la Fiscalía. Ni con los testimonios recogidos por periodistas en el entorno de Cerredo.

La presión parlamentaria ya se deja sentir. Vox ha solicitado formalmente la creación de una comisión de investigación, mientras que desde el PSOE se intenta ganar tiempo con una revisión general del sector minero. Pero en el aire ya flota la posibilidad de que esto se lleve por delante a algún alto cargo.

En palabras de un portavoz de la oposición:

“Cerredo no es solo una mina. Es un espejo de lo que ocurre cuando se combina descontrol institucional, extractivismo sin reglas y silencio político.”

Suspensión de licencias, clima de desconfianza y una región conmocionada

El Principado ha suspendido ya una licencia de explotación en otra mina del suroccidente asturiano —en Carbonar, Vega de Rengos— y ha anunciado una revisión completa de todas las autorizaciones activas.

Pero eso no ha bastado para calmar el malestar. En Cerredo, en Degaña y en Villablino, el sentimiento dominante es que esta tragedia se podía haber evitado.
La despedida multitudinaria a los mineros fallecidos fue también una protesta silenciosa: una comunidad minera que vuelve a pagar con vidas un modelo que, dicen, “ya no se sostiene”.

Cerredo es una señal de alarma. Y nadie puede mirar a otro lado.

El caso Cerredo no es un capítulo aislado. Es el síntoma más visible de una estructura que se tambalea: la connivencia entre negocio, política y control débil; la falta de transparencia; la explotación de los recursos y las personas.

Si esta tragedia se cierra con unas cuantas condolencias, sin responsabilidades claras ni reformas de fondo, entonces no será la última.