La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, confirmó ayer que existen elementos suficientes para iniciar los trámites de un expediente sancionador contra la empresa Blue Solving, gestora de la mina de Cerredo (Degaña) donde cinco trabajadores perdieron la vida el pasado lunes. "Tenemos indicios de irregularidades", afirmó la consejera, posición que fue respaldada por la vicepresidenta Gimena Llamedo, quien añadió que "existen evidencias de que la empresa pudo haber incurrido en alguna cuestión".

Investigación en curso con apoyo especializado

El accidente, que conmocionó a la comunidad minera asturiana, ha motivado una investigación exhaustiva por parte del Principado. Inspectores de la dirección general de Minas ya accedieron al interior de la instalación el mismo día del siniestro, acompañados por la policía judicial y miembros de la Brigada de Salvamento Minero.

La próxima semana está previsto el inicio del trabajo de campo investigativo, para el cual se contará con el apoyo de una brigada especial procedente de Coruña. El objetivo de la Administración, según explicó Llamedo, es "tener informes y respuestas cuanto antes" para esclarecer las "muchas incógnitas" que rodean el caso.

Díaz confirmó en una entrevista en la Cadena Ser que no ha mantenido contacto con la empresa desde el accidente: "Con la empresa no vamos a hablar nada porque lo que tienen que hacer ahora es dar explicaciones donde corresponde, que es en el juzgado". El Gobierno de Asturias ya ha anunciado que se personará como acusación particular.

Posibles causas: ventilación deficiente y mareos previos

Según fuentes cercanas a los mineros supervivientes, los trabajadores heridos han declarado a su entorno que "no quisieron avanzar por la galería al producirse un aviso de grisú". Los primeros indicios apuntan a que el accidente se produjo en la capa Z de la galería "Anita", a la que se accedió por la bocamina de la 3ª cuadra de "El Mangueiro".

Una ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía por la empresa Promining, vinculada al empresario carbonero Victorino Alonso (antiguo propietario de la explotación y actualmente cumpliendo condena por delitos ambientales), detalla que los trabajadores tuvieron que recorrer 678 metros hasta llegar a la zona del siniestro. La denuncia señala como posible causa una presunta falta de ventilación adecuada.

"De las imágenes de la bocamina se extrae que no existía un sistema de ventilación soplante que introdujese, desde ese punto, aire limpio en el interior de la mina", indica el documento. A pesar de que la explotación estaba clasificada como de bajo riesgo de grisú (categoría 2), la denuncia sugiere que la falta de ventilación adecuada podría haber permitido la acumulación de gas hasta niveles explosivos. En el entorno minero también se había reportado que algunos trabajadores habían sufrido "mareos" en los días previos al accidente.

Una mina con actividad cuestionada

La consejera Díaz destacó que en la inspección previa al accidente, realizada en septiembre de 2023, "no se encontró ninguna cuestión". No obstante, puntualizó que "esa tercera planta estaba autorizada únicamente para retirar material" y que la investigación determinará "si se estaba realizando cualquier otra actividad".

Promining ha solicitado en su denuncia que la policía judicial custodie los accesos a la explotación y las bocaminas del Mangueiro y el piso 2 para evitar que "alguien provoque su hundimiento para impedir el acceso y destruir elementos de prueba".

Expertos reivindican mayor automatización

En un contexto paralelo, durante la X Semana de la Ciencia "Margarita Salas" celebrada ayer en el Bioparc Acuario de Gijón, Ricardo Díaz Martín, catedrático de Ingeniería de la Universidad San Pablo-CEU, hizo referencia al reciente accidente cuestionando: "El entorno de una mina es de alto riesgo y siempre ha sido así. Si a nivel industrial y tecnológico ya estamos utilizando robots, ¿por qué no pueden bajar a la mina máquinas?". El experto reivindicó que "esta es la única manera de tener verdadero riesgo cero".

Díaz Martín, también decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España y Premio Nacional de I+D+i de Prevención de Riesgos Laborales, abogó por la implementación de algoritmos de predicción e inteligencia artificial para prevenir accidentes laborales, afirmando que "somos capaces de anticiparnos al accidente".

La tragedia de Cerredo ha reabierto el debate sobre la seguridad en las explotaciones mineras y la necesidad de modernizar un sector históricamente peligroso para sus trabajadores.