Los alcaldes de todos los colores políticos coinciden en la necesidad de controlar la población del lobo, mientras en Madrid se decide si la especie debe salir del listado de protección.

En Asturias, la alarma ha sonado con fuerza en los últimos años. El aumento de los ataques de lobos a la cabaña ganadera ha unido a alcaldes de todo signo político en una reivindicación común: el lobo debe salir del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para recuperar su control y evitar el colapso del sector ganadero. Desde Piloña hasta Cangas del Narcea, los regidores advierten de que la situación ha pasado de ser un problema ambiental a una amenaza directa para la economía rural y la seguridad de muchas poblaciones.

Iván Allende, alcalde de Piloña por el PSOE, es claro: "Queremos que se saque el lobo del LESPRE y volvamos a tener un plan en Asturias que controle la población. Los ataques están en aumento y aparecen en zonas donde antes no había presencia del lobo". Una postura que comparten alcaldes de distintos partidos, como Montse Fernández (PP, Tineo), quien alerta de que "los lobos han sido vistos cerca de colegios y la gente tiene miedo de salir de noche". En Ponga, donde el propio consistorio socialista colgó una pancarta exigiendo el control del lobo, su alcaldesa Marta Alonso afirma que el Gobierno central "no está atendiendo los intereses de los asturianos".

España, en plena batalla política por la protección del lobo

El debate sobre el lobo no es solo una cuestión asturiana. A nivel nacional, el Congreso de los Diputados está a punto de votar una enmienda presentada por el PP que permitiría excluir al lobo del LESPRE, una medida respaldada por Junts, Vox y el PNV, y rechazada por el PSOE y Sumar. La propuesta ya fue aprobada en el Senado y, si prospera en la Cámara Baja, permitiría que comunidades autónomas como Asturias y Castilla y León recuperasen su plan de gestión y control del lobo.

Los datos más recientes indican que la población del lobo ibérico ha crecido un 26% desde 2014, con una estimación de 2.800 ejemplares en toda España. En paralelo, el número de ataques ha ido en aumento: solo en Castilla y León, en 2024, se registraron 3.963 ataques, resultando en la pérdida de 5.985 cabezas de ganado. Para los ganaderos, estos números son una prueba de que la gestión actual ha fracasado.

José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea por el PP, defiende la postura de su partido: "El PP ha sido el único que ha defendido a los ganaderos frente a los ataques del lobo. La votación en el Congreso será crucial para que el campo no desaparezca". Su homóloga en Navia, Ana Fernández (PP), denuncia la actitud del PSOE: "No vale decir una cosa en los pueblos y votar lo contrario en Madrid".

Pero el PSOE también está dividido. Mientras su dirección nacional insiste en mantener la protección del lobo, figuras como el presidente del Principado, Adrián Barbón, han exigido que se permita a las comunidades autónomas regular su población. "No me importa discrepar", afirmó en la Junta General del Principado, dejando claro que su prioridad es proteger la ganadería asturiana.

El choque con los ecologistas y la Comisión Europea

Frente a la presión de los ganaderos y los gobiernos autonómicos, las asociaciones ecologistas defienden la permanencia del lobo en el LESPRE. Ignacio Martínez, portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), califica de "barbaridad" la posible desprotección y asegura que "no hay un problema real con el lobo, sino una exageración interesada". Argumenta que la especie sigue desempeñando un papel clave en el equilibrio ecológico y que su persecución no reducirá los ataques al ganado.

Desde Europa, la Comisión Europea ha propuesto recientemente rebajar la protección del lobo, pasando de "estrictamente protegido" a simplemente "protegido", lo que permitiría un mayor margen de maniobra a los gobiernos autonómicos para su control. Sin embargo, la decisión final sigue en manos del Congreso español.

Un futuro incierto para el lobo y la ganadería

La votación en el Congreso será determinante para el futuro de la gestión del lobo en España. Mientras tanto, en Asturias y otras regiones afectadas, la tensión sigue creciendo. La ganadería, especialmente en la montaña, se encuentra en una encrucijada: si el LESPRE se mantiene, los ganaderos temen que el aumento de ataques haga insostenible su actividad; si se aprueba la desprotección, los ecologistas advierten que se abriría la puerta a la persecución indiscriminada de una especie emblemática.

El debate está servido y, gane quien gane en el Congreso, la polémica sobre el lobo está lejos de resolverse.