El Gobierno del Principado defiende que el reparto de menores migrantes debe ser equitativo y acompañado de recursos suficientes para garantizar su bienestar.
El Gobierno de Asturias ha fijado una postura clara ante la acogida de menores migrantes: el compromiso humanitario debe ir de la mano de una financiación justa por parte del Estado. El Ejecutivo autonómico recalca que este es un problema humanitario que exige una respuesta solidaria y coordinada, en consonancia con la historia del Principado como tierra de emigración y acogida.
“Mirar hacia otro lado no solo sería insolidario e inhumano, sino incoherente con una visión de Estado. Canarias tiene un problema real y debe haber una respuesta que involucre a todos los territorios del país, sin excepción”, ha declarado Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar.
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La consejera ha subrayado la voluntad del Principado de ser parte activa en la solución, pero ha sido tajante al rechazar los discursos xenófobos que intentan criminalizar a los menores migrantes. “No vamos a permitir que se identifique a niños y niñas con delincuentes ni que se convierta un asunto humanitario en un problema de orden público, siguiendo el manual trumpista. Lamentamos que ese discurso de odio al diferente haya permeado en otras fuerzas políticas”, ha criticado Del Arco.
Actualmente, los centros de acogida del Principado están al máximo de su capacidad, con 101 menores bajo su tutela. No obstante, el Ejecutivo asturiano estudia fórmulas para contribuir a la acogida de nuevos menores de forma organizada y con garantías.
Exigencia de financiación y equidad en el reparto
El Gobierno de Asturias está analizando en detalle el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para definir su aplicación en la comunidad. Aún no es posible determinar cuántos menores llegarán a la región, pero el Principado defiende que el reparto sea transparente, equitativo y proporcional a la capacidad de cada territorio.
“Es evidente que una comunidad uniprovincial como Asturias cuenta con menos recursos que otras regiones más grandes. Por ello, exigimos que la distribución de los menores sea fruto del diálogo con las autonomías y responda a criterios objetivos y consensuados”, ha explicado la consejera.
Además, el Ejecutivo asturiano recalca que la acogida solo será viable si viene acompañada de la financiación necesaria para garantizar que los menores migrantes reciban la protección y los recursos adecuados. “No se trata solo de repartir menores, sino de hacerlo con garantías. Sin financiación suficiente, la acogida pierde su sentido humanitario”, ha advertido Del Arco.
Asturias, fiel a su tradición solidaria, mantiene su compromiso con la protección de la infancia, pero reclama al Gobierno central que garantice los medios necesarios para que la acogida sea efectiva y digna.
