El acuerdo del Gobierno con Junts genera polémica al asignar la mayoría de los menores a Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana

El Principado de Asturias acogerá 150 menores migrantes no acompañados en el nuevo reparto diseñado por el Gobierno para aliviar la saturación de los centros de acogida en Canarias y Ceuta. La cifra sitúa a Asturias en una posición intermedia dentro del mapa de asignaciones autonómicas, con una acogida superior a la de comunidades como Cataluña y el País Vasco, que han recibido una asignación mínima en comparación con su peso poblacional y sus recursos.

En contraste, comunidades como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana recibirán las cifras más altas, con más de 700 menores para Madrid, más de 600 para Andalucía y una cantidad similar para la Comunidad Valenciana.

El nuevo modelo de reparto, pactado entre el Gobierno y Junts, ha generado un aluvión de críticas por parte de varias comunidades autónomas, que denuncian una distribución desigual y un sistema impuesto sin consenso territorial.

Un reparto que aviva la polémica: Cataluña y el País Vasco, con cifras mínimas

El criterio utilizado para este reparto ha sido motivo de controversia. Mientras algunas regiones recibirán cientos de menores, Cataluña y el País Vasco apenas han sido incluidos en el reparto, con cifras que oscilan entre 20 y 30 menores para Cataluña, y un número aún indeterminado pero bajo para el País Vasco.

El Gobierno central justifica esta diferencia argumentando que Cataluña ya acoge casi 2.300 menores y más de 6.000 jóvenes en total, lo que, según sus cálculos, supera su capacidad de acogida ordinaria. Sin embargo, otras comunidades como Madrid o Andalucía consideran que el reparto no sigue criterios equitativos y que algunas regiones se están viendo obligadas a asumir una carga mayor sin las mismas ayudas ni recursos.

Este nuevo modelo, incluido dentro del llamado Pacto Limpio Industrial, prevé la creación de un fondo de 100 millones de euros para apoyar a las autonomías en la acogida de menores. No obstante, la distribución del dinero también ha sido objeto de debate, ya que no se ajusta proporcionalmente al número de menores asignados a cada comunidad.

Resistencia y amenazas de recursos judiciales

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha sido el más crítico con la medida y ha anunciado que llevará el acuerdo ante los tribunales e incluso a la Unión Europea, calificándolo de "lamentable e injusto".

Otras comunidades, como Baleares, han mostrado su rechazo al reparto y han adelantado que recurrirán a todas las vías legales posibles para no acoger más menores, alegando que sus infraestructuras de acogida ya están al límite.

El Gobierno ha dado a las comunidades hasta el 31 de marzo para comunicar su capacidad de acogida y realizar ajustes, aunque la tensión política en torno a este tema sugiere que el debate seguirá abierto en los próximos días.

La polémica está servida y las reacciones no se han hecho esperar: ¿es este el modelo adecuado o un nuevo foco de enfrentamiento territorial?