Más de 5.000 personas han sido asesinadas en los nueve meses de disturbios en Siria, según el informe presentado por Navi Pillay, Alto Comisionada de DDHH de ONU; según la funcionaria de ONU la insurgencia comenzó a eclipsar lo que habían sido inicialmente las protestas callejeras pacíficas contra el presidente Bashar Al-Assad. Pillay informó al Consejo de Seguridad de la ONU que el número de víctimas en 10 días supero a las 1000, incluyendo a civiles, desertores del ejército y los ejecutados por negarse a disparar contra civiles, pero no soldados o personal de seguridad asesinados por fuerzas de la oposición; el gobierno sirio estima que más de 1.100 miembros de los servicios militares, policiales y de seguridad han sido asesinados por los insurrectos.

Pillay estimó que las acciones del régimen sirio podrían constituir crímenes contra la humanidad, y reiteró la la emisión de una nueva convocatoria para el consejo de remitir la situación a la Corte Penal Internacional. Si bien la reunión se organizó a pesar de la oposición de Rusia, China y Brasil y tuvo un carácter informativo, el embajador británico -Mark Lyall Grant- señaló que fue “la más horrible en los últimos dos años”.

Sin lugar a dudas, la reunión del Consejo de Seguridad sirvió a las naciones occidentales para incrementar la presión sobre la campaña para condenar al régimen de Al-Assad. El ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle, estimó que era necesario que los países del Consejo de Seguridad, que se sigue dudando cambien de opinión luego de la reunión; por su parte, Francia dijo que el Consejo era "moralmente responsable" de las muertes diarias por permanecer en silencio.

La respuesta de Rusia no se hizo esperar y dijo que no estaba de acuerdo con la sugerencia de remitir a Siria a la Corte Penal Internacional y calificó de "inmoral” a las críticas occidentales sobre la conducta rusa en el Consejo de Seguridad. El viceministro de Relaciones Exteriores, Gennady Gatilov, señaló que solo el Consejo de Seguridad puede sancionar el envío del expediente de Siria a la Corte Penal Internacional pero que por el momento no veían razones para hacerlo.

Rusia utilizó un argumento similar en octubre, cuando se unió a China en el veto para impedir la aprobación de una resolución redactada por países occidentales para condenar la represión en Siria; Gatilov señaló que Rusia comparte las preocupaciones de las otras naciones sobre la continuación de la violencia, pero que no estaban de acuerdo con las evaluaciones que solo le adjudican la responsabilidad de la violencia exclusivamente a las autoridades sirias." El canciller ruso, Sergei Lavrov, comparte esta posición y sugirió que las naciones occidentales también deberían presionar a los insurgentes por sus acciones violentas.

La apreciación rusa coincide con la detonación de gasoducto cerca de la ciudad de Homs, en lo que es el segundo ataque a instalaciones de energía en país en menos de una semana. El gasoducto, cercano a la ciudad de Rastan, transporta gas natural desde el campo Al-Omar a la planta de energía Mhardeh. Instalaciones de energía previamente han sido objeto durante los disturbios, principalmente en Homs donde también fue atacado -el 29 de julio- un oleoducto cerca de la ciudad, interrumpiendo el flujo de crudo durante dos días.

Aunque la violencia en el terreno está en pleno ascenso no se vislumbra una solución en el corto plazo. Tanto Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal y EE.UU. están a la espera del resultado de las reuniones de la Liga Árabe de Siria en los próximos días para decidir su traslado de la ONU la semana próxima. La OTAN ha negado cualquier plan para la acción militar en Siria y ello se debe a que ONU se encuentra bloqueada por Rusia con su poder de veto dentro del Consejo de Seguridad; el embajador ruso ante ONU, Vitaly Churkin, dijo que desde que el Consejo aprobó la declaración sobre Siria del 3 de agosto, los acontecimientos desde Occidente se han enfocado en encontrar el modo de cambiar de régimen, desalentando el diálogo.