En el Día Internacional del Migrante de 2011, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes expresa su preocupación por las dificultades que, como consecuencia de la prolongada crisis económica, padecen amplios segmentos de la población inmigrada, reafirma su compromiso con la causa de la integración social y hace un llamamiento a todos los poderes públicos y organizaciones sociales relacionadas con la inmigración para que redoblen sus esfuerzos a favor de la integración social y del buen funcionamiento de la sociedad diversa.

En España, como en muchos otros países, la realidad social sigue presidida por el poderoso influjo de la recesión económica y sus vastos impactos sobre la población inmigrada. Como es bien sabido, la crisis ha generado una fuerte destrucción de empleo, tanto para la población trabajadora autóctona como para la de origen inmigrante. La tasa de desempleo ha alcanzado cotas insoportables, especialmente para la población inmigrada. La inserción de ésta en el mercado de trabajo ha devenido aún más desfavorecida, agravando los rasgos que ya la caracterizaban en los años de bonanza. Los inmigrantes sufren los impactos sociales de la crisis económica con mayor severidad que el resto de la sociedad.

Entre los factores que explican la mayor dureza de tales impactos se cuentan la menor capacidad de sustituir las rentas del trabajo, la menor capacidad de ahorro --no sólo por el tipo de puestos de trabajo mayoritariamente desempeñados, sino también por el envío de remesas--, la ausencia o menor densidad de las redes familiares y sociales, la menor duración de las trayectorias laborales, que se traduce en una menor protección social en caso de desempleo --nula en el caso del empleo doméstico-- y las indemnizaciones más reducidas en los casos de extinción del contrato de trabajo.

La crisis ha supuesto un incremento de la vulnerabilidad social, potenciado los efectos excluyentes de factores de riesgo que afectan de manera especial a la población inmigrada. La vulnerabilidad se torna extrema en los casos en los que la pérdida del empleo acarrea la de la situación administrativa regular.

A la dificultad generalizada para acceder al empleo, piedra angular en la integración social, y las sombrías perspectivas de reabsorción en el corto plazo del alto desempleo generado, se suman crecientes situaciones de emergencia, insuficiencias en la cobertura de las necesidades sanitarias y obstáculos para el acceso a, o permanencia en, una vivienda digna.

Aunque la crisis no ha alterado significativamente la acogida madura y sosegada brindada en años precedentes por la sociedad española al rápido aumento de la población inmigrante, el Foro ve con preocupación el aumento de actitudes racistas y xenófobas por parte de segmentos minoritarios de la población autóctona. Coherente con ello, llama la atención de todas las personas con responsabilidades públicas para que eviten expresiones ambiguas que pudieran servir de excusa para la manifestación de sentimientos hostiles hacia las personas venidas de fuera.

Los tiempos de crisis que estamos viviendo pueden agudizar en algunas zonas la competencia por recursos sociales escasos y generar obstáculos para el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. Ello hace más necesarias que nunca las acciones y medidas que tienen por objeto  la sensibilización de la población autóctona.

Son muchas las exigencias que derivan del presente estado de cosas. Para mejorar las condiciones de vida de los segmentos más desfavorecidos de la población, y en particular de los de origen inmigrante, se precisan, entre otras, políticas activas de mercado de trabajo que faciliten la recolocación de quienes han perdido el puesto de trabajo; medidas que eviten que el desempleo prolongado conlleve la pérdida del estatuto legal; refuerzo de los dispositivos sociales de prevención de situaciones de riesgo y emergencia social, e impulso de medidas que remuevan los obstáculos que dificultan el acceso a los servicios públicos y a los recursos sociales.

Para ello, y para proteger al tiempo la cohesión social y solidificar las bases sobre las que reposa la convivencia, es vital reforzar las políticas de integración, que tratan de hacer efectivo el principio básico de igualdad de condiciones en la participación social y política de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, origen o cualquier otra condición personal o social.

Esas políticas deben extenderse a los refugiados y demandantes de asilo. Una sociedad democrática y solidaria como la española, que reconoce obligaciones morales y políticas con la comunidad internacional, debe reafirmar y ampliar su voluntad de acoger e integrar a personas que se ven forzadas a abandonar sus países para escapar de condiciones que ponen en peligro sus vidas, su integridad física y su dignidad.

Al igual que otros países de nuestro entorno, España se ha convertido en una sociedad diversa, y lo va a ser cada vez más. Ello exige repensar los mecanismos de participación ciudadana existentes y avanzar hacia un modelo de sociedad que promueva y facilite la inclusión de todos. Y requiere el fomento de la participación como instrumento para forjar vínculos entre los diferentes componentes de la sociedad, contribuyendo así a un mayor grado de cohesión social. La participación convierte a las personas inmigrantes en actores y protagonistas de su entorno, promueve su implicación en la vida pública y genera sentido de pertenencia a la sociedad común.

Numerosos y vigorosos han sido los esfuerzos en materia de integración social promovidos por el gobierno central, gobiernos autonómicos y municipales y una amplia panoplia de organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, el Foro quiere destacar la valiosa contribución de las asociaciones de inmigrantes, que desempeñan importantes roles en ese terreno.

Todos esos esfuerzos deben ser no sólo preservados, sino fortalecidos, al igual que los instrumentos legales que facilitan la inclusión de los venidos de fuera conseguidos hasta hoy. El decidido compromiso con la integración mostrado por poderes públicos y organizaciones sociales, y los esfuerzos desplegados en esa dirección, constituyen un activo de primer orden para el buen funcionamiento de la sociedad diversa y la cohesión social. De ellos dependerá, en no pequeña medida, la salud de nuestra sociedad