El rechazo a la norma deja en el aire 500 millones para la comunidad, penaliza a agricultores y ganaderos y frena el apoyo a la industria electrointensiva

El Gobierno del Principado de Asturias ha alertado sobre las graves consecuencias económicas que acarrea el bloqueo al Real Decreto Ley 9/2024, conocido como decreto ómnibus. La falta de convalidación de la norma en el Congreso pone en jaque la financiación autonómica, el tejido industrial y la fiscalidad del medio rural, afectando a miles de profesionales y empresas del territorio.

Los consejeros de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, han comparecido para exponer los efectos negativos de esta paralización, provocada por el rechazo de los grupos de la derecha.

Agricultores, ganaderos y transportistas, los más afectados

Más de 20.000 autónomos en Asturias, entre los que se encuentran agricultores, ganaderos y transportistas, podrían verse obligados a abandonar el régimen de módulos para acogerse al sistema de estimación directa, mucho más complejo y con mayores exigencias administrativas. Este cambio supondría una carga fiscal adicional y eliminaría las reducciones por circunstancias climáticas adversas, perjudicando gravemente al sector primario.

Además, la paralización del decreto impide la elevación del umbral de compensación del IVA en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca, que debía pasar de 150.000 a 250.000 euros. Esta medida, que ha sido prorrogada cada año desde 2016, permitía simplificar la gestión fiscal de los pequeños productores, ayudándolos a recuperar el IVA soportado en sus gastos mediante un porcentaje sobre el precio de venta (12% en agricultura y 10,5% en ganadería).

500 millones en riesgo para la financiación autonómica

Uno de los impactos más críticos del bloqueo al decreto es la congelación de las entregas a cuenta, un mecanismo que permite a las comunidades autónomas recibir por adelantado parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación autonómica. En el caso de Asturias, 500 millones de euros quedan en el aire, lo que podría provocar serias dificultades en la ejecución presupuestaria y afectar a los servicios públicos.

El Gobierno asturiano elaboró su presupuesto para 2025 sobre la base de estas entregas a cuenta. La falta de esos fondos obligaría a la comunidad a reajustar sus cuentas, comprometiendo inversiones y políticas clave para el desarrollo regional.

Un varapalo para la industria asturiana

El bloqueo del decreto también golpea con dureza al tejido industrial asturiano. Entre las medidas que quedan en suspenso se encuentra el descuento del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, vigente desde la crisis energética de 2022. Su eliminación encarecerá notablemente los costes para empresas clave del sector siderúrgico y metalúrgico, dificultando su competitividad frente a otros mercados.

Otra de las medidas afectadas es la posibilidad de aplazar hasta 2026 el cómputo de las pérdidas empresariales derivadas de la pandemia. Esta herramienta resultaba fundamental para equilibrar los balances contables y evitar la disolución de compañías en situación vulnerable, como Duro Felguera.

Además, el rechazo a la norma supone un revés para la movilidad sostenible, ya que impide la prórroga de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Este recorte frena el proceso de descarbonización del transporte y dificulta la expansión de las infraestructuras necesarias para la transición energética.

Un llamamiento a la responsabilidad política

Desde el Ejecutivo autonómico, los consejeros han instado a los grupos parlamentarios a reconsiderar su postura y desbloquear un decreto fundamental para garantizar la estabilidad fiscal y económica de Asturias. La falta de medidas urgentes pone en peligro sectores estratégicos para el desarrollo regional, comprometiendo la competitividad de la comunidad en un contexto económico incierto.

Pie de foto: En la imagen, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; el de Hacienda, Guillermo Peláez; y la de Transición, Nieves Roqueñí.