Cuando la condena no encaja con el delito

El sistema penal de cualquier país debe regirse por un principio básico: la proporcionalidad. Es decir, las penas impuestas deben estar en consonancia con la gravedad del delito cometido. Sin embargo, en España cada vez surgen más debates sobre si esta proporción se ha desvirtuado.

El reciente caso del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, procesado por agresión sexual y coacciones tras el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino de 2023, ha reabierto la cuestión. La Fiscalía solicita para él una condena de dos años y medio de prisión por ambos delitos.

El caso ha generado un intenso debate social, no solo sobre el comportamiento de Rubiales, sino también sobre la proporcionalidad de la pena. En comparación con otros delitos que involucran violencia física o consecuencias fatales, algunos se preguntan si la condena propuesta es desproporcionada. ¿Es lógico que ciertos delitos que implican daño físico, imprudencias mortales o atentados contra la vida tengan penas menores o similares a delitos de fuerte impacto mediático?

Cómo se establecen las penas en España

El Código Penal español establece diferentes categorías de delitos, con sus correspondientes penas. En principio, estas penas deben ajustarse al daño causado y a la peligrosidad del comportamiento sancionado. Sin embargo, las reformas legislativas y la presión social han influido en su evolución en los últimos años, dando lugar a penas que, en ocasiones, parecen desajustadas en comparación con otras.

Además, la eliminación de la distinción entre abuso y agresión sexual en la última reforma legal ha endurecido las penas por delitos de carácter sexual, lo que ha generado interpretaciones judiciales con consecuencias significativas en casos recientes.

Comparación de penas: ¿hay equilibrio?

A continuación, presentamos una serie de delitos que, a priori, parecen más graves que los que enfrenta Rubiales, pero que, en muchos casos, tienen penas menores:

• Homicidio imprudente:

  • Según el artículo 142 del Código Penal, causar la muerte a alguien por imprudencia grave se castiga con penas de 1 a 4 años de cárcel. En casos de imprudencia menos grave, la pena puede ser inferior a 2 años, permitiendo eludir la prisión con facilidad.

• Lesiones con daños permanentes:

  • Una agresión que cause secuelas graves puede ser castigada con penas de 6 meses a 3 años de prisión (artículo 147). Dependiendo de las circunstancias, la pena puede ser menor a la impuesta por ciertos delitos sin daño físico.

• Robo con violencia menor:

  • Sustraer bienes empleando violencia leve puede ser sancionado con penas desde 1 año y medio de prisión en algunos casos.

• Conducción temeraria con peligro para la vida:

  • Pese a que este delito pone en riesgo la vida de otras personas, en muchas ocasiones se castiga con multas o penas de prisión inferiores a 2 años, permitiendo la suspensión de condena.

En algunos casos, acciones que resultan en la muerte de una persona tienen condenas menores que la solicitada para Rubiales. Esto nos lleva a preguntarnos si las penas responden a un criterio claro de proporcionalidad o si se han visto influenciadas por otros factores.

El debate sobre la proporcionalidad

¿Es razonable que una persona condenada por homicidio imprudente reciba una pena menor que otra condenada por delitos sin violencia física? ¿Se han visto las penas afectadas por la presión mediática en ciertos casos?

En otros países europeos, la legislación penal establece una mayor graduación en las penas, priorizando los delitos con consecuencias directas en la vida e integridad de las personas. España, en cambio, ha optado por un endurecimiento en delitos de repercusión social sin necesariamente revisar la proporcionalidad en el conjunto del sistema.

Conclusión: una necesaria reflexión

El derecho penal no puede ser arbitrario ni desproporcionado. Si bien es fundamental sancionar comportamientos que atenten contra la dignidad y la integridad de las personas, también es necesario garantizar un sistema de penas equitativo y justo.

Casos como este nos obligan a preguntarnos si el sistema penal está cumpliendo con su función de manera equilibrada o si algunas penas se han visto infladas por el impacto mediático y la presión social, desdibujando el principio de proporcionalidad.

Ajustar las condenas para que reflejen con justicia la gravedad de cada delito es una tarea esencial en cualquier sociedad que aspire a un sistema jurídico justo y equitativo.