Con un 78 % de acoso en entornos educativos y un 41 % de discriminación laboral, el informe exige respuestas urgentes para garantizar la igualdad e inclusión.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Ministerio de Igualdad presentaron en Madrid el estudio “Situación de las personas LGTBI+ en España desde un enfoque interseccional”, un análisis innovador que revela las múltiples barreras que enfrentan las personas LGTBI+ con discapacidad en diversos ámbitos de la sociedad. Durante el acto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció la creación de una autoridad independiente que liderará iniciativas para combatir estas desigualdades.

Datos que exigen acción inmediata

El informe destaca cifras alarmantes: el 78 % de las personas LGTBI+ con discapacidad ha sufrido acoso en entornos educativos, un problema que afecta gravemente su bienestar y rendimiento académico. En el ámbito laboral, el 41 % ha experimentado discriminación por discapacidad, frente al 27 % por orientación sexual y el 15 % por identidad de género. Además, más del 50 % reporta exclusión en espacios de ocio y participación social, alcanzando hasta el 70 % en algunos casos.

Un compromiso desde las instituciones

La ministra Ana Redondo reafirmó el compromiso del Gobierno con la igualdad real, subrayando la importancia de combinar datos y experiencias personales para generar políticas públicas efectivas. “Sin recursos suficientes, las transformaciones sociales quedarán en un plano teórico. Actuaremos con determinación para garantizar que nadie quede atrás”, aseguró. Entre las medidas clave, destacó la creación de una autoridad independiente que coordinará los esfuerzos hacia la igualdad.

Jesús González Amago, presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales (LGTBI+) y Discapacidad del CERMI Estatal, resaltó la urgencia de visibilizar estas problemáticas. “Los ‘armarios de la discapacidad’ siguen siendo una barrera para la igualdad. Es fundamental combatir los estereotipos y garantizar que el conocimiento interseccional guíe las políticas públicas”, afirmó.

Hacia una perspectiva interseccional

Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, calificó el estudio como un “primer paso necesario” para combatir la LGTBIfobia y el capacitismo. Subrayó la necesidad de que las Administraciones trabajen coordinadamente para incluir a las personas con discapacidad en todas las políticas públicas. Por su parte, Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, señaló que el artículo 49 de la Constitución debe ser la base para desarrollar políticas inclusivas que eliminen los obstáculos hacia la igualdad.

Un camino hacia el cambio

El CERMI reafirmó su compromiso con la diversidad e interseccionalidad, abogando por la creación de alianzas entre instituciones y la sociedad civil. “La llave para el cambio está en políticas públicas inclusivas que no dejen a nadie atrás”, concluyó Jesús González Amago.