El Consejo General de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) ha lanzado una contundente llamada de atención a la Administración tras la derogación del Real Decreto-ley 9/2024, conocido como Real Decreto Ómnibus, que ha generado una nueva crisis de inseguridad normativa para los profesionales del sector. La organización subraya que esta situación pone en riesgo no solo el desempeño adecuado de sus funciones, sino también el derecho al descanso y la desconexión digital de los Graduados Sociales.
Un golpe a la gestión laboral y empresarial
El Real Decreto Ómnibus, derogado recientemente, incluía medidas esenciales para la gestión de nóminas y seguros sociales en 2025, como:
- La prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024 hasta la publicación del nuevo SMI para 2025.
- La actualización de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
- La cotización adicional de solidaridad y la base máxima de cotización para 2025.
Con su derogación, los Graduados Sociales deben afrontar una carga de trabajo adicional para adaptar trámites críticos en plena elaboración de las nóminas de enero, una tarea que ya se había iniciado según las directrices del decreto. Esto afecta directamente a la recaudación de cotizaciones esenciales para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Impacto en la profesión: sobrecarga y desconexión digital
Desde la pandemia, los Graduados Sociales han experimentado una acumulación de normativas implementadas a destiempo, lo que ha derivado en una burocratización excesiva y un impacto significativo en su calidad de vida. El CGCOGSE denuncia que esta dinámica está vulnerando el derecho a la desconexión digital y dificultando la conciliación laboral y familiar de los profesionales del sector.
“El escenario actual no solo nos sobrecarga de trabajo, sino que también compromete nuestra salud y nuestras vidas personales. Este tipo de inestabilidad normativa es inaceptable y perjudicial para toda la sociedad”, señala el comunicado del Consejo.
Propuestas de solución: digitalización y coordinación
El CGCOGSE propone una colaboración más estrecha con la Administración y los diferentes actores implicados para simplificar la burocracia y garantizar la estabilidad normativa. Entre las medidas planteadas destacan:
- La creación de una comisión de trabajo conjunta para mejorar la aplicación de normas en la gestión de la Seguridad Social.
- La implementación de sistemas digitales avanzados que reduzcan los trámites burocráticos.
- Una mayor comunicación entre los responsables legislativos y los profesionales que implementan las normas.
Compromiso con el Estado del Bienestar
A pesar de la inseguridad jurídica, el colectivo de Graduados Sociales reafirma su compromiso con la ciudadanía y con el sostenimiento del Estado del Bienestar. “Seguiremos desempeñando nuestras funciones con los valores de justicia social que nos definen como profesión. Pero necesitamos que la Administración garantice un marco normativo estable y acorde con la nueva era digital”, concluye el CGCOGSE.
Un problema que afecta a toda la sociedad
La situación no solo impacta en los Graduados Sociales, sino también en las empresas, los trabajadores y la propia Administración, que dependen de estos profesionales para asegurar la correcta gestión de las cotizaciones. La estabilidad normativa no es solo una demanda profesional, sino una necesidad clave para garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social en España.
La llamada del CGCOGSE pone sobre la mesa un debate urgente: ¿está el sistema legislativo preparado para garantizar la seguridad jurídica en un entorno de cambio constante?
