El juicio contra Francisco Álvarez-Cascos, exvicepresidente del Gobierno y fundador de Foro Asturias, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Oviedo. El político, acusado de un delito continuado de apropiación indebida, se enfrenta a una petición de tres años y seis meses de prisión. La acusación sostiene que el exlíder de Foro utilizó fondos del partido para cubrir gastos personales, mientras que su defensa alega que todos los desembolsos estaban dentro de sus competencias como dirigente político.

Las acusaciones: lujo y abuso de fondos partidistas

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Foro Asturias, han centrado su caso en una serie de gastos que, según ellos, no están justificados como propios de la representación política. Entre ellos figuran compras de un colchón, un videojuego, zapatos, reparaciones de vehículos personales, pedidos de comida a domicilio, flores y estancias de hotel para familiares. Además, se señala que Foro Asturias pagó el alquiler de una sede en Madrid que era propiedad de la entonces esposa de Álvarez-Cascos, María Porto, generando ingresos de 173.855 euros entre 2012 y 2014.

La suma total de los fondos que supuestamente fueron malversados asciende a 181.648 euros. Según la acusación, estos actos dejaron al partido descapitalizado y en una situación de vulnerabilidad financiera, mientras Álvarez-Cascos supuestamente se beneficiaba de sus recursos.

La defensa: "Lo que me acusan lo hacen todos los políticos"

Álvarez-Cascos ha negado categóricamente las acusaciones y ha defendido que todos los gastos se enmarcan dentro de los derechos de representación y libre disposición que tienen los dirigentes políticos. Durante su declaración, aseguró que "por lo que me acusan podrían estar procesados todos los diputados y senadores de España desde 1977".

La defensa ha subrayado que los pagos realizados por Foro Asturias eran parte de un acuerdo verbal que buscaba mantener el nivel de vida del político tras su fundación del partido. Además, han señalado que no existe ninguna factura que esté fuera de lo que podría considerarse habitual para un líder político en el desempeño de sus funciones.

Un juicio que desvela una gestión descontrolada

A lo largo de las sesiones del juicio, testigos y pruebas han expuesto una gestión financiera caracterizada por la falta de controles internos en Foro Asturias. Enrique Álvarez Sostres, exdiputado del partido, declaró que Álvarez-Cascos utilizaba los recursos de Foro sin supervisión. Incluso, mencionó que el acusado justificó la necesidad de que el partido alquilara la sede en Madrid alegando problemas económicos personales, algo que Sostres consideró inadecuado.

Asimismo, se reveló que Álvarez-Cascos disponía de un coche con chófer proporcionado por el partido, pero que aun así cargó al partido los costes de reparación de sus vehículos personales.

El argumento de la Fiscalía: un patrón de abuso deliberado

La Fiscalía ha sido contundente en su alegato final, calificando la conducta del acusado como "plenamente delictiva" y dirigida a un enriquecimiento personal a costa de los recursos públicos del partido. Según la acusación, las pruebas demuestran que el exlíder de Foro actuó de manera "insaciable", mezclando continuamente sus intereses personales con los recursos de la formación.

Lo que está en juego

El juicio, además de poner en tela de juicio la reputación de Álvarez-Cascos, se ha convertido en un caso paradigmático sobre los límites del uso de los recursos partidistas. Mientras la Fiscalía y Foro Asturias reclaman justicia para los afiliados y simpatizantes que financiaron al partido, el acusado insiste en que todo es parte de una campaña de descrédito.

A la espera del veredicto

Con las sesiones finalizadas, la Audiencia Provincial de Oviedo deberá emitir una sentencia que podría marcar un antes y un después en la carrera política de Francisco Álvarez-Cascos. El resultado definirá si el exlíder de Foro Asturias cruzó la línea entre los gastos representativos y la apropiación indebida, o si su actuación se encuadra dentro de la práctica política habitual.

Sea cual sea el fallo, el juicio ha puesto bajo el foco la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión de los fondos de las formaciones políticas. Asturias espera con atención el desenlace de un caso que no solo afecta a un exlíder, sino también a la percepción pública de la política en la región.