El Instituto de Enseñanza Secundaria Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, en Asturias, se encuentra en el centro de la polémica tras la suspensión de empleo y sueldo de un profesor acusado de presunto acoso sexual a varias alumnas. La medida, adoptada por la Consejería de Educación, llega después de meses de denuncias y un proceso que ha puesto en evidencia los límites del sistema de protección a los estudiantes.

Denuncias ignoradas durante meses

El caso salió a la luz el pasado 10 de octubre de 2024, cuando 14 alumnas presentaron testimonios por escrito ante la dirección del centro denunciando comportamientos inadecuados del docente. Sin embargo, y pese a la gravedad de las acusaciones, las estudiantes continuaron compartiendo espacio con el profesor durante semanas, generando un ambiente de miedo e incertidumbre.

En redes sociales, el perfil "denuncias_asturias" denunció la inacción inicial de las autoridades educativas: “No estamos protegiendo a nuestras niñas; les estamos enseñando que no pueden confiar en las instituciones porque no las priorizan, y aprenden que los agresores quedan impunes”, escribió.

La tardía intervención de las autoridades

La Consejería de Educación aseguró que la dirección del centro actuó con diligencia al informar al Servicio de Inspección Educativa, que inició una investigación en el marco de la información reservada prevista en los protocolos. No obstante, la medida cautelar de suspensión al docente solo fue adoptada en enero de 2025, tres meses después de las denuncias iniciales.

Mientras tanto, las estudiantes afectadas convivieron con el presunto acosador, un hecho que ha generado una fuerte indignación en la comunidad educativa. Según activistas y familias, este retraso envía un mensaje preocupante a las víctimas, perpetuando la percepción de falta de protección y apoyo institucional.

Un sistema de protección cuestionado

Este caso se suma a otros episodios recientes en Asturias que han puesto en entredicho la efectividad de los protocolos de actuación contra el acoso en los centros educativos. El suicidio de Ainara, una adolescente de 16 años que sufría bullying en Gijón, destapó el pasado diciembre las grietas de un sistema que, aunque activó el protocolo antiacoso, no logró proteger a la menor.

La Consejería de Educación ha defendido su compromiso con la tolerancia cero hacia el acoso, pero los retrasos y vacíos en la aplicación de medidas efectivas generan dudas. ¿Qué tan efectivos son los protocolos cuando las víctimas deben esperar meses para recibir protección?

Las voces de las alumnas: un grito de ayuda

Las declaraciones de las estudiantes afectadas ponen en evidencia el impacto emocional y psicológico que estas situaciones generan. “Nos sentimos desamparadas, como si nuestras voces no importaran”, expresó una de las denunciantes a través de redes sociales. Esta percepción se amplifica por la sensación de que las instituciones, en lugar de actuar con firmeza, priorizan los trámites burocráticos sobre la seguridad de las víctimas.

¿Qué está en juego?

El caso de Vegadeo no es solo una denuncia de presunto acoso; es un llamado de atención sobre la urgencia de reformar los sistemas de prevención y actuación en los centros educativos. Las voces de las alumnas, silenciadas por la lentitud del proceso, reflejan una realidad que exige cambios estructurales para garantizar un entorno seguro y libre de acoso.