La Administración General del Estado (AGE) ha anunciado una convocatoria extraordinaria que ofrecerá 1.000 plazas de funcionarios habilitados nacionales, de las cuales 12 estarán destinadas a Asturias. Esta iniciativa, que será lanzada en marzo de 2025, busca reforzar la estructura de los ayuntamientos en el Principado, cumpliendo con las medidas urgentes establecidas en la Ley 20/2021 para reducir la temporalidad en el empleo público.
¿Quiénes son los funcionarios habilitados nacionales?
Los habilitados nacionales son figuras clave en la gestión de los ayuntamientos, desempeñándose como secretarios, tesoreros e interventores. Estas posiciones son esenciales para garantizar la legalidad en la gestión administrativa, financiera y presupuestaria de las entidades locales.
Convocatoria extraordinaria territorializada
La convocatoria, habilitada por el artículo 66 del Real Decreto Ley 20/2022, responde a la necesidad de reducir la temporalidad en la administración pública. Este proceso extraordinario permitirá a las comunidades autónomas que lo soliciten gestionar las pruebas de selección y los cursos formativos de los candidatos en sus propios territorios, mediante convenios de colaboración con la AGE.
El reparto de las 1.000 plazas se ha calculado de manera proporcional al número de vacantes existentes en cada comunidad autónoma, asegurando que las regiones con mayores necesidades puedan reforzar su estructura local.
Asturias, parte del plan nacional
Con 12 plazas asignadas, Asturias podrá fortalecer sus ayuntamientos con la incorporación de nuevos funcionarios en cargos estratégicos. Este paso es crucial para garantizar el funcionamiento eficiente de las entidades locales, especialmente en un contexto donde la reducción de la temporalidad es una prioridad nacional.
El futuro del empleo público en los ayuntamientos
La convocatoria representa un avance significativo en la modernización de la administración pública y en la estabilización laboral de los empleados. Además, permitirá mejorar los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, asegurando una gestión más eficaz y transparente en los municipios.
