El caso que enfrenta a Nuria Varela, exdirectora general de Igualdad del Principado de Asturias, y una trabajadora del Instituto Asturiano de la Mujer por presunto acoso laboral ha quedado visto para sentencia. El Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo será el encargado de emitir el fallo tras la presentación de conclusiones definitivas por ambas partes el pasado 7 de enero.
Una vista marcada por testimonios opuestos
La audiencia, celebrada el pasado 20 de diciembre, destapó un profundo contraste de versiones. Por un lado, una jefa de servicio afirmó que existía una consigna explícita para no asignar tareas a la denunciante, describiendo un entorno laboral tenso y hostil. Este testimonio se basó en parte en un informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que en 2022 alertó sobre situaciones percibidas de "violencia psicológica" atribuidas a la dirección jerárquica.
Sin embargo, otras trabajadoras, incluida Marián Moreno, profesora reconocida con el premio "Menina 2024" por su labor en Coeducación, defendieron que el ambiente laboral en el departamento era positivo y que no se percibían conflictos de tal magnitud.
El papel de la Presidencia del Principado
En un giro político, el presidente del Principado, Adrián Barbón, también fue llamado a declarar por escrito, dado que la Dirección General de Igualdad dependía orgánicamente de su departamento. Barbón aseguró desconocer los problemas laborales en el Instituto de la Mujer, una declaración que ha sido puesta en duda por la oposición política. El Partido Popular señaló que Barbón debía estar al tanto, dado que informes previos ya señalaban tensiones internas en el equipo.
Dimensiones políticas y sociales del caso
El caso ha trascendido el ámbito judicial, generando un intenso debate sobre la gestión interna en las instituciones públicas y las posibles implicaciones de los altos cargos en casos de acoso laboral. La demandante, además, ha solicitado al Colegio Profesional de Trabajo Social que impida la supresión de una plaza en el departamento, argumentando que podría tratarse de una represalia.
El juicio y lo que está en juego
El resultado del juicio no solo determinará responsabilidades legales, sino que podría sentar un precedente en la gestión de casos de acoso laboral en el sector público. Además, el caso ha puesto el foco sobre la necesidad de reforzar mecanismos de prevención y gestión de conflictos laborales dentro de las administraciones.
Con Asturias expectante, la resolución de este caso promete reabrir el debate sobre las condiciones laborales en las instituciones públicas y el papel de las autoridades en garantizar un entorno de trabajo libre de tensiones y abusos.
