El Principado de Asturias ha sancionado por primera vez a un propietario por destinar una vivienda de protección oficial al alquiler turístico, actividad prohibida en este tipo de inmuebles. El infractor, residente en el barrio de Nuevo Roces en Gijón, ha sido multado con 58.640 euros por alquilar su piso a través de plataformas como Airbnb, incumpliendo la normativa vigente. 

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos inició el procedimiento sancionador tras detectar que el propietario había solicitado, el 2 de febrero de 2024, registrar su vivienda como alquiler vacacional. Dicha solicitud fue denegada, informándole de la prohibición de destinar la vivienda a usos turísticos. A pesar de ello, en junio de 2024, una inspección reveló que el piso se anunciaba en Airbnb como "Acogedor piso en Gijón", con tarifas que superaban los 4.100 euros para estancias entre agosto y septiembre. La vivienda, declarada protegida en 2019 con una duración de 30 años, estaba destinada exclusivamente a ser primera residencia, prohibiéndose su uso como segunda vivienda o para alquiler vacacional.

El propietario, tras admitir su responsabilidad y abonar la sanción en el periodo voluntario, logró una reducción de la multa, quedando en 35.184 euros, cantidad que abonó en un solo pago. 

Esta acción se enmarca en el plan de inspección del Principado para detectar usos fraudulentos de viviendas protegidas. En 2024, el Gobierno asturiano incrementó las inspecciones y sanciones a viviendas turísticas ilegales, detectando un número significativo de ofertas no reglamentadas. La nueva Ley de Turismo de Asturias, aprobada en noviembre de 2024, refuerza los mecanismos de control para combatir la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional, estableciendo sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros en casos de incumplimientos muy graves. 

El consejero Ovidio Zapico ha reiterado que las viviendas de protección pública deben destinarse a ser primera residencia, no permitiéndose su uso como segunda vivienda ni para alquileres vacacionales. Esta primera sanción en Asturias sienta un precedente y refuerza el compromiso del Principado en garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de vivienda protegida.