El Gobierno de Asturias ha reiterado que no existe base legal para intercambiar las viviendas de la antigua barriada minera de Pumarabule, en Siero, por las nuevas construcciones de 2021 en la misma zona. Así lo afirmó este martes el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, en respuesta a la propuesta de dos diputadas del Partido Popular, Beatriz Polledo y Susana Fernández, quienes sugirieron esta medida para beneficiar a los vecinos afectados.
Una propuesta sin encaje jurídico
Sánchez calificó de sorprendente la solicitud de las diputadas, ambas con formación jurídica, y advirtió que implementar dicha permuta podría suponer un caso de prevaricación. "Es imposible permutar viviendas privadas por otras públicas según el ordenamiento jurídico actual. Quien prometa lo contrario está faltando a la verdad o ignorando la normativa vigente", afirmó con contundencia.
El director general subrayó que su departamento ha sido transparente desde el inicio con los residentes, dejando claro que no existe una vía legal para ejecutar esta medida. Además, explicó que el decreto de adjudicación de viviendas públicas en alquiler excluye a quienes ya poseen una vivienda en propiedad, salvo que presenten un certificado de ruina expedido por un técnico competente, algo que no ocurre en este caso. "Hasta la fecha, no hay ni un solo informe que declare en ruina los pisos de la barriada", precisó.
Compromiso con la reparación de viviendas
De cara al futuro, Sánchez anunció que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2025 incluye una partida de un millón de euros destinada a la rehabilitación integral de los tres bloques vandalizados desde que quedaron vacíos en 2021. "Nuestra prioridad es poner en uso viviendas públicas para quienes realmente lo necesitan. No podemos permitirnos tener pisos vacíos mientras hay personas con dificultades de acceso a una vivienda", argumentó.
Colaboración entre administraciones
Sánchez también destacó la importancia de la colaboración entre administraciones en el proceso de adjudicación de viviendas públicas. Según el decreto, cada ayuntamiento puede establecer colectivos prioritarios para optar a estas viviendas, una medida que el Principado respalda plenamente para garantizar una distribución justa y eficiente.
Un mensaje claro
Con estas declaraciones, el Gobierno de Asturias reafirma su compromiso con una gestión eficiente y legal de la vivienda pública, al tiempo que insta a los representantes políticos a actuar con responsabilidad y evitar alimentar expectativas inviables entre los vecinos. "La solución a los problemas de vivienda debe estar basada en la legalidad, la eficacia y la colaboración institucional", concluyó Sánchez.
Pie de foto: En la imagen, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (dcha.), y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez.
