La organización ecologista Greenpeace ha reclamado este martes al Gobierno que garantice la continuidad de las bonificaciones al transporte público en 2025 hasta que se implemente un abono único de tarifa plana, que facilite el uso de todos los medios de transporte público en el país. La ONG alerta de que la retirada de los descuentos sin alternativas supondría un retroceso en los avances hacia una movilidad más sostenible, económica y justa.

Beneficios demostrados: ahorro económico y más usuarios

Los datos respaldan el éxito de los descuentos al transporte público, implementados hace más de dos años como respuesta a la crisis inflacionaria. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de usuarios del transporte público ha superado los niveles de 2019, recuperándose tras la pandemia y captando un 8 % de usuarios que antes utilizaban el vehículo privado.

Además, los descuentos han supuesto un alivio para las familias españolas. El gasto medio en transporte se ha reducido un 2,8 % entre 2019 y 2023, una cifra relevante dado que la movilidad es el tercer mayor gasto de los hogares españoles.

Sin embargo, el 35,7 % de las personas encuestadas por Greenpeace admiten que, si se retiran las bonificaciones, volverían a usar más el transporte privado.

“Mientras no esté listo un modelo de abono único asequible, los descuentos deben mantenerse para no dar marcha atrás. Necesitamos dar seguridad a las familias, que tienen que saber cuánto pagarán para organizar su economía”, ha declarado Cristina Arjona, coordinadora de Movilidad de Greenpeace.

El abono único: una apuesta por la movilidad sostenible

Greenpeace insiste en que la solución a largo plazo pasa por un abono único estatal que permita acceder a autobuses, trenes, metros, tranvías y bicicletas públicas en todo el país con una tarifa plana asequible. Este modelo facilitaría la interoperabilidad entre sistemas autonómicos y municipales, eliminando barreras económicas y burocráticas.

Una encuesta de Greenpeace revela que el 75 % de la población considera que un abono único sería “muy útil” para aumentar el uso del transporte público. De hecho, casi 200.000 firmas ya respaldan esta propuesta, que fue entregada al ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado septiembre.

El cambio modal hacia el transporte público es clave para cumplir los objetivos climáticos: sin una alternativa eficiente y atractiva, es imposible reducir las emisiones del transporte, que sigue siendo la mayor fuente de gases de efecto invernadero en España.

Fiscalidad verde: repensar las prioridades

Greenpeace también reclama una revisión de la fiscalidad en el transporte para alinearla con los objetivos climáticos y sociales. Actualmente, España subvenciona con 2.621 millones de euros anuales el diésel y con 4.610 millones el queroseno de los aviones, pese a que la contaminación causa 30.000 muertes prematuras al año.

“Es necesario explicar por qué destinamos recursos a subvencionar combustibles contaminantes en lugar de impulsar un transporte público eficiente y accesible que beneficie a la mayoría”, ha destacado Arjona.

Más que transporte: beneficios sociales y ambientales

Greenpeace defiende que mantener los descuentos y avanzar hacia un abono único no solo es una cuestión económica, sino también ambiental y social:

• Reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire.
• Ahorro en combustible para las familias.
• Más seguridad vial y recuperación de espacios públicos.

La organización subraya que el transporte público debe seguir siendo la columna vertebral de la movilidad, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, que han incrementado su uso en los últimos años.

“No podemos perder este impulso. La ciudadanía ha apostado por el transporte público, y debemos dar pasos firmes hacia una movilidad sostenible y accesible para todos”, concluyó Arjona.

Greenpeace pide al Gobierno no dar un paso atrás en los avances logrados y garantizar que la transición hacia el abono único se haga sin dejar a nadie atrás.