Después de dos años de topes establecidos por el Gobierno, los inquilinos españoles esperan la publicación de un índice regulador que definirá las futuras subidas.

Después de dos años de topes establecidos por el Gobierno, los inquilinos españoles esperan la publicación de un índice regulador que definirá las futuras subidas.

Con la llegada de 2025, miles de inquilinos españoles se enfrentan a la incertidumbre sobre cuánto podrán aumentar los propietarios el precio de sus alquileres. Tras dos años de limitaciones gubernamentales para contener los efectos del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) provocado por la crisis global, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará un nuevo índice regulador antes de que finalice el año, según fuentes del sector inmobiliario.

Este nuevo índice se perfila como una herramienta clave para determinar el límite de las subidas en los alquileres, sustituyendo al IPC como referencia principal. Sin embargo, aún no se han detallado las características ni el alcance de su aplicación. Según Mercedes Blanco, experta en el sector y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, "este índice será más estable en el tiempo y no supondrá un esfuerzo excesivo para los inquilinos".

Regulaciones recientes y expectativas futuras

Desde 2023, el Gobierno había establecido límites a las subidas de alquiler: un máximo del 2% para ese año y del 3% en 2024, como medida excepcional para mitigar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el contexto para 2025 es diferente. A falta de información oficial, Blanco recuerda que las subidas no son retroactivas: "Si no te subieron el alquiler en 2023, no podrán reclamártelo ahora".

Otro aspecto pendiente de aclaración es si este nuevo índice afectará únicamente a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda o si será aplicable también a contratos anteriores. Esto generará un impacto directo en la actualización de rentas para miles de hogares.

Lo que dicen las leyes actuales

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contempla la posibilidad de revisión anual de la renta, siempre que esté recogida en el contrato. Sin embargo, las subidas deben ajustarse a los límites que el Gobierno o el INE estipulen.

Para los primeros meses de 2025, la recomendación es clara: propietarios e inquilinos deben basarse en el IPC actual, del 2%, hasta que el nuevo índice sea oficial y puedan ajustarse los valores retroactivamente.

Un nuevo paradigma para el mercado de alquiler

El anuncio de un índice alternativo al IPC refleja un intento de estabilizar un mercado tensionado. Aunque el objetivo es equilibrar los intereses de inquilinos y propietarios, la medida llega en un momento en que muchas familias enfrentan dificultades para hacer frente a los costes de vivienda.

El debate sobre el impacto de este nuevo sistema será clave en los próximos meses, en un país donde el acceso a la vivienda continúa siendo un desafío para muchos.

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