La organización denuncia retrasos en la futura ley de agricultura familiar y alerta sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur en los pequeños productores.

La agricultura familiar en España enfrenta una crisis sin precedentes. Greenpeace ha entregado hoy una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, exigiendo la inmediata puesta en marcha de la prometida ley de agricultura familiar, una normativa clave para proteger a pequeños agricultores frente a la presión de la agroindustria, los fondos de inversión y acuerdos comerciales "tóxicos" como el firmado entre la Unión Europea y Mercosur.

Un sector en peligro de extinción

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, alertó sobre la alarmante reducción de las pequeñas explotaciones agrarias en las últimas décadas: "Desde 2007, hemos perdido el 36% de nuestras explotaciones familiares, lo que amenaza la supervivencia de un modelo esencial para el medio rural, la biodiversidad y la soberanía alimentaria". Actualmente, la agricultura familiar representa el 60% de las explotaciones agrarias en España.

Greenpeace destaca que esta crisis se ve agravada por un desigual reparto de la Política Agraria Común (PAC), el abuso de las cadenas de distribución y la falta de apoyo estructural a los pequeños agricultores. La organización ecologista también señala que el acuerdo UE-Mercosur podría facilitar la entrada de productos agrícolas importados en condiciones desiguales, poniendo en riesgo aún más a los productores locales.

Retrasos y promesas incumplidas

La futura ley de agricultura familiar, anunciada como una prioridad legislativa, ha sufrido importantes retrasos. Greenpeace denuncia que el proceso de consulta pública prometido para septiembre aún no se ha llevado a cabo, excluyendo además a organizaciones sociales y ecologistas del debate. "Es hora de que el ministro Planas lidere con responsabilidad este proceso y cumpla con los compromisos adquiridos", señaló Helena Moreno, responsable de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace.

Propuestas para una agricultura sostenible

Greenpeace ha presentado una batería de propuestas para incluir en la ley, con el objetivo de proteger a los pequeños agricultores y fomentar modelos más sostenibles. Entre las medidas destacan:

• Banco público de tierras: Una plataforma estatal para regular el mercado de tierras, facilitar el acceso a terrenos baldíos y evitar la especulación. Se establecerían techos de superficie por comprador para prevenir el acaparamiento.

• Formación agroecológica: Creación de programas técnicos continuos para ayudar a los agricultores familiares a adoptar prácticas sostenibles que mejoren la biodiversidad y la resiliencia ante el cambio climático.

• Venta directa: Promoción de mercados locales y mecanismos para reducir la dependencia de intermediarios, asegurando precios justos para los productores.

• Contratación pública sostenible: Fomentar la compra de productos de proximidad y ecológicos en comedores públicos como colegios, hospitales y residencias.

• Incentivos ambientales: Apoyo económico a los agricultores que implementen prácticas que preserven los recursos naturales, como el uso eficiente del agua y la mejora de la calidad del suelo.

La lucha contra el acuerdo UE-Mercosur

Greenpeace ha calificado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como "tóxico", señalando que favorece a la agroindustria a costa de los pequeños productores y el medio ambiente. El tratado podría acelerar la deforestación en áreas clave y fomentar prácticas agrícolas insostenibles, agravando la crisis climática y de biodiversidad.

Una acción simbólica para concienciar

Durante el acto de entrega en el Ministerio de Agricultura, Greenpeace también presentó una réplica de la pieza que activistas introdujeron recientemente en museos de toda España. Esta acción buscó destacar el riesgo de que la agricultura familiar acabe siendo una reliquia del pasado si no se toman medidas urgentes.

El futuro de la agricultura familiar

"La pequeña agricultura es esencial para garantizar sistemas alimentarios sostenibles y justos", subrayó Saldaña. "Sin medidas contundentes, perderemos no solo una actividad económica, sino también un modelo que vertebra nuestros territorios y protege el medio ambiente".

Greenpeace insta al Gobierno a actuar con celeridad, estableciendo plazos claros para la consulta pública y la aprobación de la ley. Solo con un marco normativo sólido será posible frenar el declive de la agricultura familiar y garantizar su supervivencia en un contexto marcado por crisis climáticas y económicas.