La Directiva CSRD impone estrictos estándares para medir y reducir emisiones, con sanciones de hasta 2,5 millones de euros para quienes incumplan.
A partir del 1 de enero de 2025, entra en vigor en España una normativa que obliga a las empresas de más de 250 trabajadores, ingresos superiores a 40 millones de euros o activos mayores a 20 millones a medir, reducir y certificar su huella de carbono. Esta nueva regulación, enmarcada en la Directiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) de la Unión Europea, establece estándares más exigentes para promover la sostenibilidad corporativa.
Sanciones y oportunidades: un cambio hacia la sostenibilidad
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas que van desde 5.000 euros hasta 2,5 millones de euros. Sin embargo, la regulación no solo plantea desafíos, sino también oportunidades. Según Andrés Cester, CEO de la plataforma de sostenibilidad Manglai, “adoptar herramientas de medición continua de emisiones no solo evita sanciones, sino que impulsa la competitividad de las empresas en un entorno más comprometido con la sostenibilidad”.
Este cambio regulatorio también refuerza la reputación corporativa y facilita el acceso a financiación sostenible, lo que mejora la posición de las empresas en mercados nacionales e internacionales.
España: un líder en regulación climática
España adopta esta directiva europea como parte de un marco normativo más amplio que incluye la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, y el Real Decreto 163/2014, que exige a empresas calcular y reportar su huella de carbono. Estas normativas forman parte del compromiso del país con el Acuerdo de París y el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Además, la Directiva CSRD introduce el principio de "doble materialidad", obligando a las empresas a reportar tanto el impacto de la sostenibilidad en su negocio como el efecto de sus actividades en el medio ambiente y la sociedad. Esto amplía la responsabilidad corporativa a todos los niveles, incluidas las pymes cotizadas.
Medición más allá de las emisiones directas
El marco regulatorio exige que las empresas informen sobre tres niveles de emisiones:
- Alcance 1: emisiones directas de sus operaciones.
- Alcance 2: emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad.
- Alcance 3: emisiones indirectas de toda la cadena de valor, como proveedores y clientes.
Soluciones tecnológicas para cumplir con la normativa
Ante este nuevo desafío, plataformas como Manglai ofrecen soluciones integrales. Esta herramienta SaaS, impulsada por inteligencia artificial, permite a las empresas medir y certificar su huella de carbono en tiempo real, así como desarrollar planes personalizados para reducir emisiones y obtener certificaciones internacionales.
Impacto regional y futuro
Algunas comunidades autónomas, como Cataluña y Navarra, ya cuentan con legislaciones específicas que exigen planes de reducción de emisiones. Otras regiones, como Baleares, extienden estas obligaciones a sectores como la agricultura y ganadería. Este enfoque refleja el compromiso de España con la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
