El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha resuelto indemnizar con 204,58 euros a un paciente que reclamaba 13.276,47 euros por los gastos incurridos en la sanidad privada debido a un retraso en el diagnóstico de su cáncer de vejiga en el sistema público. El paciente, que presentó síntomas de hematuria en julio de 2023, experimentó una espera de más de cuatro meses para la realización de una ecografía decisiva en la sanidad pública, lo que le llevó a buscar atención privada.
Cronología de los hechos
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Julio 2023: El paciente acude a su centro de salud por presencia de sangre en la orina. Tras una prueba inicial sin resultados concluyentes, su médico de Atención Primaria solicita una ecografía.
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1 de agosto de 2023: Es citado en el Servicio de Urología del hospital de referencia, donde se le examina y se modifica su medicación, indicándole que debe solicitar una nueva cita tras la ecografía.
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5 de septiembre de 2023: Ante la persistencia de la hematuria, acude al Servicio de Urgencias del hospital, pero no se le realiza la ecografía.
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13 de septiembre de 2023: Decide acudir a un especialista privado, donde se le practica la ecografía que revela la existencia de un tumor en la vejiga.
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Octubre de 2023 y enero de 2024: Es intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones en la sanidad privada para tratar el carcinoma urotelial de alto grado diagnosticado.
Reclamación y resolución
El paciente presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial al Principado de Asturias, solicitando el reintegro de los gastos médicos originados por la asistencia recibida en la medicina privada, que ascendían a 13.276,47 euros. De este monto, 204,58 euros correspondían a la consulta con el urólogo y la ecografía en el centro privado.
El Consejo Consultivo reconoció que la demora en la realización de la ecografía excedió los tiempos máximos reglamentarios, lo que justificó la pérdida de confianza del paciente en el sistema público y su decisión de acudir a la sanidad privada para obtener un diagnóstico. Sin embargo, consideró que, aunque el paciente tenía razones válidas para buscar un diagnóstico en la medicina privada, no ofreció a la sanidad pública la oportunidad de llevar a cabo el tratamiento posterior. Por ello, determinó que solo procedía indemnizar los gastos relacionados con la fase diagnóstica, es decir, 204,58 euros.
Contexto y precedentes
Este caso se suma a otros similares en los que se ha reconocido la responsabilidad de la administración sanitaria por retrasos en diagnósticos que han llevado a los pacientes a buscar atención en la sanidad privada. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) fue condenado a indemnizar con 36.000 euros a una mujer por un diagnóstico erróneo de linfoma, tras una demora en la atención adecuada.
