La Justicia obliga a una entidad bancaria a reembolsar 37.000 euros a una avilesina víctima de estafa online

La Justicia obliga a una entidad bancaria a reembolsar 37.000 euros a una avilesina víctima de estafa online

La Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la sentencia que condena a una entidad bancaria a devolver 37.000 euros a una clienta de Avilés, víctima de una sofisticada estafa de "phishing" en junio de 2022. Este fallo ratifica la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Avilés, que responsabilizó al banco por la falta de medidas de seguridad adecuadas para prevenir el fraude.

La afectada recibió un SMS que aparentaba ser de su banco, alertándola sobre un posible bloqueo de su cuenta y proporcionándole un enlace para evitarlo. Al acceder al enlace, fue dirigida a una página web que imitaba la oficial de la entidad financiera, donde ingresó sus credenciales. Posteriormente, recibió otro SMS notificando una transferencia de 37.000 euros, lo que la llevó a contactar inmediatamente con el banco para bloquear sus cuentas y tarjetas. A pesar de sus esfuerzos, la estafa se consumó, y el dinero fue transferido fraudulentamente.

El banco argumentó que la clienta actuó con negligencia al proporcionar sus datos en una página no oficial. Sin embargo, la defensa, a cargo del despacho Pérez Panizo Asociados, demostró que la entidad no contaba con sistemas de seguridad suficientes para detectar y prevenir este tipo de fraudes. La Audiencia Provincial concluyó que la responsabilidad recae en el banco por no garantizar la protección adecuada de los fondos de sus clientes.

Este caso se suma a otros fallos judiciales en Asturias donde las entidades bancarias han sido condenadas a reembolsar a clientes afectados por estafas similares. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Unicaja fue condenada a devolver casi 72.000 euros a unos clientes que sufrieron una estafa de "phishing" debido a fallos en su sistema de seguridad. Asimismo, en junio de 2024, la Audiencia de Oviedo obligó a Unicaja a reembolsar 6.000 euros a un cliente víctima de una ciberestafa.

Estos precedentes judiciales refuerzan la posición de los consumidores en casos de fraudes electrónicos, subrayando la obligación de las entidades financieras de implementar medidas de seguridad robustas para proteger a sus clientes.

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