Asturias declara la guerra a las cláusulas abusivas en el sector inmobiliario: sanciones de hasta 100.000 euros a partir de 2025

Asturias declara la guerra a las cláusulas abusivas en el sector inmobiliario: sanciones de hasta 100.000 euros a partir de 2025

El Gobierno del Principado lanza una campaña de inspección para proteger a los consumidores en operaciones de compraventa y alquiler


El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Consumo, comenzará en 2025 una ambiciosa campaña de inspección destinada a combatir las cláusulas abusivas y las irregularidades en los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas en el sector inmobiliario. Las sanciones para las empresas que incumplan la normativa podrán alcanzar hasta 100.000 euros, según anunció  el director general de Consumo, Faustino Zapico.

El anuncio se realizó tras una reunión con representantes de la Unión de Inmobiliarias de Asturias, entre ellas su presidenta, Katia Domingo Aguinaco, y la abogada María Elena Fernández González, quienes participaron en un diálogo cordial para abordar las medidas previstas.

Un problema emergente en el sector inmobiliario

Aunque todavía no se han recibido denuncias formales, Consumo ha detectado un aumento en las consultas relacionadas con cláusulas abusivas en contratos inmobiliarios. "Nos preocupa que este tipo de prácticas esté creciendo", señaló Zapico, quien subrayó la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en las operaciones.

La campaña de inspección se enmarca en una iniciativa nacional liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que busca frenar los abusos en un sector clave para los consumidores.

Sanciones y normativa aplicable

Las sanciones oscilarán entre 10.000 y 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. Las inspecciones se centrarán en garantizar el cumplimiento de normativas como:

  • Real Decreto 1/2007: Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
  • Ley de Arrendamientos Urbanos.
  • Ley de Vivienda 2023, entre otras normativas complementarias.

Estas leyes exigen que las empresas inmobiliarias cumplan con su deber de información precontractual, especialmente en aspectos económicos, cláusulas contractuales y condiciones de las operaciones.

Transparencia y protección del consumidor

La Dirección General de Consumo prestará especial atención a la veracidad de las ofertas y la transparencia en los contratos. Entre los puntos clave a supervisar estarán:

  • Condiciones económicas claras y ajustadas a la normativa.
  • Información precontractual completa y comprensible para los consumidores.
  • Eliminación de cláusulas abusivas que puedan perjudicar a los usuarios.

Zapico destacó que la campaña tiene un enfoque preventivo y disuasorio: "Queremos asegurar que los agentes inmobiliarios operen con total transparencia y respeten los derechos de los consumidores".

Compromiso con un mercado inmobiliario justo

Con esta iniciativa, el Principado de Asturias refuerza su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, fomentando un sector inmobiliario más justo, transparente y profesional. La colaboración con la Unión de Inmobiliarias de Asturias, que representa a 32 empresas de la comunidad, será clave para implementar estas medidas y garantizar un mercado que inspire confianza tanto a compradores como a arrendadores.

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