La organización ecologista exige que el impuesto a las energéticas se haga permanente para financiar la lucha contra el cambio climático y atender a las víctimas de desastres como la DANA

En un acto de protesta tan visual como contundente, Greenpeace proyectó el lunes el mensaje “Aquí manda Repsol” sobre la fachada del Congreso de los Diputados. La organización denuncia la posible retirada del impuesto a las energéticas, que la Comisión de Hacienda debate hoy, como una claudicación de los partidos políticos ante las grandes compañías contaminantes. Esta medida, originalmente creada para gravar los beneficios extraordinarios obtenidos por las energéticas durante la crisis energética global, podría convertirse en permanente, financiando políticas clave frente al cambio climático.

“Es inmoral que, mientras los efectos devastadores de la DANA y otros desastres climáticos son afrontados por voluntarios y servicios públicos, las grandes empresas energéticas sigan enriqueciéndose a costa del planeta y de la ciudadanía,” afirmó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

Un impuesto clave para un futuro más sostenible

El gravamen temporal, implementado en 2023 y 2024, ha demostrado su eficacia, recaudando más de 1.164 millones de euros en su primer año. Greenpeace argumenta que estos recursos son esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y sociales actuales. Con la recaudación de un solo año, se podrían financiar acciones concretas como:

• Contratar 500 profesionales de protección civil, 1.000 sanitarios y 1.000 trabajadores sociales.
• Proporcionar ayudas a 50.000 familias vulnerables.
• Rehabilitar 20.000 viviendas afectadas por desastres climáticos.
• Apoyar a 15.000 pequeños negocios y 30.000 agricultores familiares.

“En un contexto de creciente desigualdad y emergencia climática, este impuesto no solo es justo, es necesario,” señaló Carlos García Paret, coordinador de Incidencia de Greenpeace.

Diez medidas para una fiscalidad justa y verde

Greenpeace, junto con otras 36 organizaciones sociales y ecologistas, ha presentado un paquete de diez propuestas fiscales que incluye:

• Mantener y ampliar los impuestos a las energéticas y la banca.
• Introducir gravámenes al lujo, como jets privados y alquileres turísticos.
• Eliminar el régimen fiscal privilegiado de las SOCIMIs.

Estas medidas buscan no solo generar recursos, sino también alinear la economía con los objetivos climáticos, exigiendo más a quienes más contaminan y poseen mayores recursos.

España frente al desafío global

Mientras el Congreso español decide si someterse a los intereses energéticos, en la COP29 de Azerbaiyán se discute la responsabilidad de la industria fósil en la financiación climática. Greenpeace señala que se necesitan al menos cinco billones de dólares anuales para mitigar los efectos del cambio climático a nivel global, y exige aplicar el principio de “quien contamina paga”.

“España está rezagada en presión fiscal respecto a Europa. Este margen debe aprovecharse para garantizar que los que más contaminan asuman los costos del daño que generan,” enfatizó García Paret.

El mensaje de Greenpeace al Congreso

La proyección en el Congreso no solo es una denuncia, sino también un llamado de atención a la ciudadanía y los legisladores. En un momento en que los efectos del cambio climático son más evidentes que nunca, Greenpeace exige valentía política y compromiso con las generaciones futuras.

“El Congreso tiene hoy la oportunidad de demostrar si está al servicio de las personas o de las grandes empresas,” concluyó Eva Saldaña.