Un joven de Mieres ha sido condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de una menor de 14 años durante dos meses en 2021. La menor, quien mantenía una relación de noviazgo con el condenado, accedió a las relaciones sexuales, pero la ley es tajante: ninguna persona menor de 16 años puede dar consentimiento legal en estos casos, lo que convierte el acto en abuso sexual.

Este caso pone en primer plano un problema que trasciende las fronteras de lo individual y refleja el fracaso de la sociedad en la protección de las menores. La situación se descubrió cuando la víctima solicitó la píldora del día después en un centro de planificación familiar, acompañada inicialmente por la madre del condenado. Fue el personal sanitario quien, al identificar la edad de la menor, denunció los hechos, demostrando una vez más el papel crucial de los profesionales de la salud en la detección de abusos.

El procesado, plenamente consciente de la edad de la menor desde el inicio de la relación, fue encontrado culpable de un delito continuado de abuso sexual. La sentencia no solo incluye los ocho años de prisión, sino también 16 años de inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto con menores, una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima durante 12 años y una libertad vigilada por cinco años una vez cumplida la condena.

Una sociedad que calla ante lo evidente

Este tipo de situaciones, aunque tipificadas claramente por la ley, aún son percibidas por muchos como “relaciones consentidas”. Sin embargo, el consentimiento de una menor de 14 años no puede considerarse válido ante la ley. Este juicio no solo expone al abusador, sino también al entorno que permitió que estos abusos continuaran durante meses sin que se tomaran medidas para proteger a la menor.

El hecho de que la madre del condenado acompañara a la víctima al centro de planificación familiar refleja la compleja red de silencios que perpetúan este tipo de delitos. Aunque la Fiscalía fue quien finalmente llevó adelante la denuncia, resulta alarmante que la madre de la menor no lo hiciera. Este silencio no es un caso aislado, sino un síntoma de una sociedad que, en muchos casos, normaliza o ignora la violencia sexual hacia las jóvenes.

El papel del sistema de justicia y la responsabilidad colectiva

Aunque la sentencia impuesta es firme, las preguntas que este caso deja abiertas son aún más inquietantes. ¿Cómo seguimos permitiendo que estos abusos ocurran? ¿Qué papel juega el entorno familiar y social en la perpetuación de estas dinámicas? El hecho de que la denuncia llegara a través de una profesional sanitaria y no de un familiar directo es un indicio de que algo falla en los mecanismos de protección social.

Este caso debe servir como un recordatorio de que la protección de las menores es una responsabilidad de todos. Las leyes pueden ser claras, pero su cumplimiento requiere la vigilancia constante y la intervención oportuna de toda la sociedad.