El Gobierno del Principado de Asturias ha manifestado su apoyo a la oficialidad del asturiano y del eonaviego, considerando que esta medida abrirá la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, cultural y económico para la región. El Consejo de Gobierno ha emitido un pronunciamiento favorable a la toma en consideración de la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía que declararía ambas lenguas como oficiales, un paso crucial para su reconocimiento y protección.

Esta iniciativa legislativa surge tras el compromiso expresado en mayo por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien aseguró que llevaría adelante la oficialidad del asturiano y el eonaviego, tras una serie de reuniones con los grupos parlamentarios, excluyendo a Vox. El 8 de octubre, 17 diputados de la Junta General presentaron la proposición de reforma del Estatuto con el respaldo del PSOE, Convocatoria por Asturies y la parlamentaria Covadonga Tomé.

Un paso decisivo para la protección lingüística

Para el Gobierno del Principado, la oficialidad es una medida necesaria para garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de asturiano y eonaviego, lenguas que hoy se encuentran en una situación de inferioridad frente a otros idiomas cooficiales en España. El Ejecutivo sostiene que la regulación actual es insuficiente, lo que impide aprovechar el potencial cultural y económico de estas lenguas. “No se trata solo de un reconocimiento legal, sino de garantizar la igualdad y preservar nuestra identidad”, subraya el gobierno.

El Consejo de Gobierno argumenta que la oficialidad permitiría normalizar el uso de estas lenguas en ámbitos clave como la educación, la administración pública, la justicia y la sanidad, facilitando así su incorporación al día a día de la sociedad asturiana. La reforma también abriría la puerta a la participación en programas europeos y líneas de financiación que hasta ahora han quedado fuera del alcance de Asturias por no tener el asturiano y el eonaviego el estatus de lenguas oficiales. Esto, según el gobierno, fortalecería la producción cultural y artística, con un impacto positivo en sectores como el cine, la literatura, la música y el teatro.

Superar las barreras lingüísticas

Uno de los puntos clave que ha defendido el gobierno es que la Ley de Uso y Promoción del Asturiano de 1998 no ha logrado garantizar el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. Como ejemplo, cita las dificultades a las que se enfrentan varios ayuntamientos para ofrecer trámites en asturiano, así como las lagunas en el ámbito educativo. Los docentes que imparten clases en estas lenguas no tienen reconocida su especialidad debido a la falta de oficialidad, lo que afecta tanto a profesores como a alumnos.

Además de los desafíos educativos, el gobierno ha resaltado que la falta de oficialidad limita el acceso de Asturias a fondos europeos y a financiación cultural, lo que deja a proyectos en asturiano y eonaviego sin los recursos necesarios para su desarrollo. Esta carencia impacta en la creación artística, con consecuencias directas en la publicación de libros, la producción audiovisual y la escena teatral en lenguas propias.

La oficialidad como impulso al desarrollo

El Ejecutivo sostiene que declarar el asturiano y el eonaviego lenguas oficiales no solo fortalecerá la preservación lingüística, sino que será un motor de desarrollo económico para la región. La oficialidad permitirá a Asturias acceder a nuevas oportunidades tecnológicas y proyectos innovadores que integren estas lenguas en la era digital, abriendo puertas a sectores como la traducción automática, el software lingüístico y otras iniciativas tecnológicas.

Según el gobierno, la oficialidad también contribuirá a superar la discriminación lingüística de los hablantes de asturiano y eonaviego, y ayudará a garantizar su supervivencia al integrarse de forma plena en la vida cotidiana de la región.

El camino a seguir

Con el apoyo oficial del Consejo de Gobierno, el siguiente paso será que el parlamento asturiano tome en consideración la propuesta. Posteriormente, se abrirá el debate y la votación, donde será necesario el respaldo de al menos 27 diputados (tres quintas partes de la cámara) para que la reforma del Estatuto de Autonomía prospere. Dada la composición actual de la Junta General, la reforma solo será viable si cuenta con el apoyo del Partido Popular.

Este proceso marca un momento clave para Asturias en su búsqueda de consolidar su patrimonio cultural y garantizar que sus lenguas propias tengan el lugar que merecen en la sociedad, abriendo nuevas oportunidades para su gente y su economía.