Más del 50% de las nuevas viviendas públicas en Asturias estarán destinadas a menores de 35 años, mientras el Principado se enfrenta al desafío de garantizar una vivienda digna y combatir la especulación

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunció en la Junta General del Principado de Asturias que su departamento está trabajando en la declaración de zona tensionada para los barrios de Cimadevilla y La Arena, en Gijón/Xixón. Esta medida responde a una solicitud realizada por el Ayuntamiento, aprobada en el pleno municipal, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda en estas áreas, especialmente para los más jóvenes.

Zapico destacó que más del 50% de las nuevas promociones de viviendas públicas de alquiler asequible en la región estarán destinadas a jóvenes menores de 35 años. De las 600 viviendas públicas ya licitadas, 342 se destinarán a este grupo, distribuidas en 250 para Gijón (en el solar de los antiguos Peritos), 48 en La Pola Llaviana y 44 en Lugones. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de vivienda entre los jóvenes asturianos y forma parte de una estrategia más amplia para facilitar su emancipación y estabilidad.

En cuanto a la gestión del bono alquiler joven, el consejero resaltó que Asturias ha ejecutado el 62,7% de estas ayudas desde su puesta en marcha en 2022, situándose como la segunda comunidad con mayor grado de ejecución en España. Zapico anunció que este año se publicará una nueva convocatoria con un crédito de 258.000 euros, y que el presupuesto para 2025 incluirá 5,1 millones de euros adicionales, junto a una partida extraordinaria de 6,6 millones.

Sin embargo, el titular de Derechos Ciudadanos se mostró crítico con el actual desarrollo de las ayudas al alquiler joven, señalando que se han detectado "debilidades manifiestas" en su implementación, que han favorecido la especulación en lugar de resolver el problema de acceso a la vivienda. Zapico defendió la necesidad de una reorientación de estas ayudas para evitar que perpetúen dinámicas especulativas.

Además, el consejero subrayó la urgencia de garantizar una suficiencia presupuestaria en los próximos presupuestos autonómicos de 2025 para poder llevar a cabo políticas efectivas de acceso a la vivienda. Según Zapico, "sin los recursos adecuados, la existencia misma de este departamento dentro del gobierno carecería de sentido". Asimismo, expresó su apoyo a las manifestaciones recientes que exigen una vivienda digna, prometiendo que el Gobierno de Asturias trabajará para hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución, que consagra este derecho.

Finalmente, Zapico denunció la "descapitalización" del parque público de viviendas en Asturias, que ha pasado de 30.000 propiedades en los años 80 a las 10.000 que se pretende alcanzar en esta legislatura. Para revertir esta situación, destacó la necesidad de desbloquear suelo disponible para la construcción de nuevas viviendas, y aseguró que Sogepsa, como sociedad pública, jugará un papel clave en este proceso, comprometiéndose personalmente a impulsar esta labor en su rol como vicepresidente de la entidad.

Con esta serie de medidas, el Principado se posiciona para abordar uno de los mayores desafíos sociales y económicos de la región: el acceso a la vivienda, con un enfoque especial en los jóvenes y en la necesidad de una planificación urbana que frene la especulación y garantice el derecho a una vivienda digna para todos los asturianos.