El Ayuntamiento de Castrillón se encuentra en el centro de una controversia lingüística tras la exclusión de una empresa de un proceso de contratación pública por haber presentado su documentación en asturiano. Según la resolución del consistorio, la empresa incumplió el requisito de presentar los documentos en castellano, una cláusula del pliego que, según varios colectivos, contraviene la Ley de Uso y Promoción del Asturiano.

Este caso ha causado indignación, especialmente porque el propio Ayuntamiento reabrió recientemente su Servicio de Normalización Llingüística, cuyo propósito es promover y facilitar el uso del asturiano en el municipio, así como proporcionar servicios de traducción cuando sea necesario. La contradicción entre esta medida y la exclusión de la empresa por usar asturiano en un proceso oficial ha despertado críticas sobre la coherencia de las políticas municipales.

El colectivo Iniciativa pol Asturianu, que trabaja en la defensa de los derechos lingüísticos, ha calificado la decisión como un acto de discriminación lingüística y ha exigido una rectificación inmediata. La asociación ha señalado que este tipo de actuaciones contradicen tanto el espíritu como la letra de la Ley de Uso del asturiano, que busca proteger el derecho a utilizar esta lengua en los procesos administrativos. Además, han anunciado su apoyo a la empresa afectada en la presentación de acciones legales si el Ayuntamiento no rectifica.

El alcalde de Castrillón, Jesús Eloy Alonso Prieto, del Partido Popular, ha firmado la resolución que ha generado la polémica, en la que se impide a la empresa afectada participar en la licitación por no cumplir con los requisitos de lengua. Esta situación ha suscitado preguntas sobre el verdadero compromiso del consistorio con la promoción del asturiano, ya que el caso pone de relieve una contradicción entre las declaraciones públicas de apoyo a la lengua y las acciones prácticas llevadas a cabo.

Este caso es un recordatorio de las tensiones existentes en Asturias en torno al uso del asturiano en la vida pública y administrativa, y se espera que esta situación continúe siendo un tema de debate en los próximos días, con posibles repercusiones legales y políticas.