Un hombre ha sido absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras haber sido acusado de falsificar facturas de fisioterapia por valor de 1.980 euros, correspondientes a 66 sesiones que supuestamente recibió después de un accidente de tráfico. El fallo, que confirma la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Oviedo, ha liberado al acusado de los cargos de falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al período comprendido entre febrero y agosto de 2020, cuando el acusado afirmó haber recibido tratamiento fisioterapéutico por lesiones relacionadas con un accidente de tráfico. La clínica donde se realizaron las sesiones reclamó judicialmente el pago de 1.980 euros, que supuestamente no habían sido abonados. El demandado presentó una factura que indicaba que el importe ya había sido pagado, pero la dueña de la clínica impugnó dicho documento, alegando que era falso.

El tribunal, tras analizar la prueba documental, concluyó que no se podía demostrar que la factura hubiera sido falsificada por el acusado, ni que él la hubiera presentado sabiendo que era falsa. Esta decisión se sustenta en el hecho de que no se hallaron pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Como consecuencia, el tribunal decidió mantener la sentencia absolutoria.

El proceso legal y el delito de falsedad documental

El caso giraba en torno a los delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal, los cuales, según el Código Penal español, se cometen cuando alguien altera un documento o lo utiliza para obtener un beneficio indebido. En este caso, la falsedad documental no pudo probarse más allá de toda duda razonable, lo que llevó a la absolución del acusado.

El tribunal también dejó la puerta abierta a que la clínica, si así lo desea, presente un recurso ante el Tribunal Supremo para revisar la validez de la factura presentada. No obstante, se reitera que, en ausencia de pruebas concluyentes, no se puede condenar a una persona basándose únicamente en sospechas o en errores de interpretación de las pruebas presentadas.

Este caso refleja los desafíos legales en casos de fraude en el ámbito de la salud y la necesidad de contar con pruebas sólidas para demostrar cualquier intento de falsificación documental.