El sector hotelero asturiano en pie de guerra por el nuevo decreto de registro de viajeros: "Inaplicable y caótico"

El sector hotelero asturiano en pie de guerra por el nuevo decreto de registro de viajeros: "Inaplicable y caótico"

A solo dos semanas de la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021, el sector hotelero asturiano, representado por OTEA, ha expresado su preocupación por la confusión y dificultades que genera esta nueva normativa sobre el registro de viajeros. Junto con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), OTEA se ha sumado a la exigencia de una revisión urgente de esta legislación, que consideran "imposible de cumplir" en su estado actual.

El Real Decreto, que pretende regular el suministro de datos por parte de subsectores turísticos como alojamientos, agencias de viajes y alquiler de vehículos, entre otros, carece aún de un desarrollo legislativo claro. Este vacío ha generado una gran confusión en el sector, que no sabe con exactitud qué datos deben recopilar ni cómo enviarlos a las autoridades.

Los hoteleros asturianos han manifestado que la normativa impone la recolección de datos que no figuran en documentos oficiales como el DNI o el pasaporte, tales como números de tarjeta de crédito o teléfonos móviles, lo que hace imposible automatizar el proceso. Esto conllevaría un registro manual, aumentando el riesgo de errores y sobrecargando a los establecimientos.

OTEA y CEHAT señalan que esta situación genera inseguridad jurídica, incumple normativas europeas de protección de datos y coloca a las empresas turísticas españolas en desventaja competitiva frente a otros países de la UE. Asimismo, subrayan que la falta de adecuación tecnológica y la carga administrativa que supone esta normativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas, representa un reto casi insalvable.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, OTEA y CEHAT han enviado una solicitud formal a los Ministerios de Turismo e Interior y a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo una revisión del Real Decreto que permita un periodo de adaptación tecnológica más prolongado y una mayor claridad en las obligaciones del sector.

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