En pleno verano, el 31 de julio, mientras gran parte del país disfrutaba de sus vacaciones, se ha publicado un acuerdo que, según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), representa un serio retroceso para los trabajadores y pensionistas. Este pacto, denunciado como una contrarreforma impulsada por el poder financiero neoliberal, ha sido aceptado por el Gobierno de coalición junto con los sindicatos CCOO y UGT, y se ajusta a las exigencias de la patronal.

COESPE destaca que el acuerdo favorece la privatización de la sanidad pública, permitiendo que las mutuas privadas empresariales asuman competencias críticas como la gestión de bajas laborales y la revisión de pensiones por incapacidad. Este movimiento genera un claro conflicto de intereses, ya que solo el personal sanitario público debería tener autoridad sobre estas decisiones. Sin embargo, con este cambio, los trabajadores quedan a merced de empresas privadas, cuyo objetivo es reducir costes, potencialmente sacrificando la calidad de la atención médica.

La preocupación se extiende también a las condiciones laborales del personal sociosanitario, quienes ya trabajan en situaciones precarias y necesitan recursos adicionales para ofrecer un servicio adecuado, especialmente a los sectores más vulnerables como los mayores.

Entre las principales denuncias de COESPE, se destacan:

• La entrega de competencias clave a mutuas privadas, lo que socava el sistema sanitario público.
• La cesión del control de datos sanitarios y decisiones sobre incapacidades al empresariado privado.
• El fomento de la sanidad privada mediante la derivación de fondos públicos hacia empresas con ánimo de lucro.

En paralelo, la organización también advierte sobre las reformas recientes del sistema de pensiones, que incentivan a los trabajadores a permanecer activos más allá de la edad de jubilación. Estas reformas, afirman, se han implementado sin realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, y continúan ignorando problemas cruciales como la brecha de género y el recorte de pensiones para aquellos con más de 40 años de cotización.

COESPE sostiene que para proteger las pensiones públicas, es necesario revertir estas reformas, realizar una auditoría exhaustiva y recuperar los fondos desviados. Pero para lograrlo, subrayan, será esencial la movilización masiva de trabajadores y pensionistas.

En este sentido, COESPE hace un llamado a toda la sociedad para defender los derechos amenazados, organizando una semana de acciones del 30 de septiembre al 6 de octubre en todo el país, en solidaridad con el Día del Mayor, y culminando en una gran manifestación estatal el 26 de octubre en Madrid.

“Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden”, concluye COESPE en su comunicado, reafirmando su compromiso con la lucha por un sistema público de pensiones y sanidad para todos.