Una paciente recibe 3.000 euros de indemnización por el miedo y el daño moral tras descubrir que fue anestesiada con una aguja previamente utilizada en otro paciente

En un caso que ha causado preocupación y revuelo en el sistema de salud de Asturias, una paciente ha sido indemnizada con 3.000 euros después de que se descubriera que fue anestesiada con una aguja que había sido utilizada previamente en otro paciente. El incidente, ocurrido en julio de 2023 en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de un hospital del Principado, ha llevado al Consejo Consultivo de Asturias a reconocer la responsabilidad del servicio de salud y a ordenar la compensación por el daño moral y el miedo causado a la paciente, quien temió haber contraído enfermedades graves como la hepatitis B, C y el VIH.

Detalles del incidente: Una aguja reutilizada

El hecho tuvo lugar el 19 de julio de 2023, cuando la paciente, cuyo nombre no ha sido revelado, acudió al hospital para someterse a una exodoncia, un procedimiento rutinario de extracción dental. Dos días después, el 21 de julio, la paciente recibió una llamada del Servicio de Medicina Preventiva, en la que se le informó de un accidente biológico ocurrido durante su intervención. La llamada, realizada de manera urgente, le indicaba que debía acudir inmediatamente al hospital para someterse a una serie de pruebas, ya que había un riesgo significativo de infección por hepatitis B, C y VIH, debido al uso de una aguja que ya había sido empleada en otro paciente.

Este incidente no fue comunicado a la paciente en el momento de la intervención, lo que agravó su situación emocional al descubrir, de manera sorpresiva, el potencial riesgo al que había sido expuesta. Inmediatamente, la paciente acudió a un centro hospitalario cercano a su domicilio, donde se le realizaron análisis de sangre y se consideró iniciar un tratamiento profiláctico contra el VIH, aunque finalmente se decidió esperar.

Proceso legal y resolución

En su reclamación, la paciente alegó que, como resultado de la negligencia del hospital, tuvo que someterse a una serie de pruebas y controles durante varios meses para descartar la posibilidad de contagio. Los análisis, que se realizaron el 23 de agosto y el 13 de noviembre de 2023, confirmaron finalmente que no había contraído ninguna infección, pero el proceso fue largo y lleno de angustia.

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias, tras revisar los informes y los antecedentes del caso, determinó que el servicio de salud había actuado con negligencia, pero rechazó la cantidad inicialmente solicitada por la paciente, que ascendía a 6.142 euros. En su lugar, se decidió otorgarle una indemnización de 3.000 euros, considerando que el protocolo de respuesta fue activado rápidamente, lo que ayudó a mitigar parte de la ansiedad y el miedo experimentados por la paciente.

El Consejo Consultivo también señaló que, aunque los análisis iniciales indicaban que el paciente fuente no padecía ninguna infección contagiosa, la preocupación de la paciente era comprensible y justificada, dado el grave error cometido.

Implicaciones y repercusiones

Este caso ha puesto de relieve la importancia de mantener altos estándares en los procedimientos médicos, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los pacientes. El uso de una aguja previamente utilizada es una violación grave de los protocolos de seguridad, que pone en riesgo la salud y el bienestar de los pacientes, y puede tener consecuencias legales significativas para las instituciones involucradas.

A nivel nacional, este incidente ha generado un debate sobre las prácticas de seguridad en los hospitales y la necesidad de reforzar las medidas para evitar que errores similares ocurran en el futuro. La reutilización de agujas es un problema grave que, aunque raro, sigue siendo una amenaza potencial en el sistema de salud, como lo demuestra este caso.

Además, el hecho de que la paciente no fuera informada inmediatamente después del incidente también ha suscitado críticas, sugiriendo la necesidad de mejorar la comunicación y la transparencia entre los profesionales de la salud y los pacientes. La confianza en el sistema de salud depende en gran medida de la percepción de seguridad y de la adecuada gestión de los errores cuando ocurren.

Este caso subraya los riesgos que los pacientes pueden enfrentar debido a negligencias médicas, y la importancia de un seguimiento riguroso para evitar la exposición a infecciones potencialmente mortales. La indemnización de 3.000 euros otorgada a la paciente es un reconocimiento del daño moral y el sufrimiento que experimentó, aunque también destaca la necesidad de un examen continuo y exhaustivo de las prácticas médicas para garantizar la seguridad y bienestar de todos los pacientes en el sistema de salud.