El Gobierno de España ha aprobado una significativa inversión de 27,6 millones de euros en Asturias, destinada a impulsar acciones de Formación Profesional (FP) orientadas tanto a trabajadores desempleados como ocupados. Esta decisión, anunciada tras el Consejo de Ministros celebrado este martes, forma parte de un esfuerzo nacional por fortalecer las habilidades de la población activa y adaptarlas a las necesidades cambiantes del mercado laboral.
De la cantidad total asignada a Asturias, 22,1 millones de euros se destinarán a mejorar la oferta formativa para trabajadores desempleados, brindándoles nuevas oportunidades para adquirir competencias demandadas en sectores clave. Por otro lado, 4,6 millones de euros estarán enfocados en la formación de trabajadores que ya están empleados, con el objetivo de actualizar sus habilidades y mejorar su competitividad en el mercado laboral. Además, 790.989 euros se dirigirán a la activación de programas específicos que serán convocados por la propia región, beneficiando tanto a empleados como a desempleados.
Este esfuerzo se enmarca dentro de un plan más amplio que contempla una distribución total de 867,28 millones de euros entre las diferentes comunidades autónomas, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo principal es reforzar la oferta formativa en todo el país, con 696,5 millones de euros destinados a trabajadores desempleados y 145,9 millones de euros para trabajadores ocupados. Otros 24,8 millones de euros estarán asignados a programas específicos que serán gestionados por cada comunidad autónoma.
Desde el año 2020, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha aumentado en un 35% los fondos destinados a la formación de la población activa, lo que refleja un compromiso creciente con el desarrollo profesional de los trabajadores en España.
El nuevo sistema de Formación Profesional ofrece una amplia gama de opciones formativas, tanto en términos de tipología como de duración, que son acreditables y acumulables. Esto permite a los trabajadores adaptar su aprendizaje a sus necesidades y circunstancias personales, garantizando una mayor flexibilidad y efectividad en su formación.
Las comunidades autónomas, incluida Asturias, tienen el compromiso de desarrollar estas iniciativas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, alineando las acciones formativas con las demandas actuales del mercado laboral y contribuyendo al fortalecimiento del sistema nacional de Formación Profesional.
