Las plataformas y movimientos de pensionistas de todo el país han expresado su profunda insatisfacción con el reciente acuerdo sobre pensiones alcanzado el 31 de julio de 2024 entre el Gobierno, las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) y los sindicatos (CCOO y UGT). Este acuerdo, según los pensionistas, supone un nuevo golpe al sistema público de pensiones, alejándose de las demandas y necesidades urgentes de este colectivo.
Principales críticas al acuerdo
Retraso de la edad de jubilación
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es la decisión de prolongar y desregular aún más la edad de jubilación. Los pensionistas recuerdan que la reforma de 2011 ya elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años. Con esta nueva medida, se busca retrasar aún más la edad de retiro, lo cual, según los pensionistas, se hace para reducir los gastos de pensiones a costa de prolongar la vida laboral de los trabajadores.
Incremento de la pensión demorada
El acuerdo incluye un aumento semestral del 2% para las pensiones demoradas, incentivando a los trabajadores a retrasar su jubilación. Los pensionistas critican que esta medida no garantiza pensiones dignas, sino que busca paliar la insuficiencia de las pensiones actuales alargando la vida laboral.
Modificación de la jubilación activa
Se ha eliminado el requisito de contar con una carrera completa de cotización para acceder a la jubilación activa, permitiendo compatibilizar esta modalidad con incentivos de jubilación demorada. Los pensionistas temen que esto precarice tanto los salarios como las pensiones, afectando negativamente a quienes más necesitan estas prestaciones.
Mejoras insuficientes
Aunque el acuerdo contempla algunas mejoras, como la mejora de las condiciones del contrato de relevo y la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para los contratos fijos discontinuos, estas se consideran insuficientes y no abordan los problemas fundamentales del sistema de pensiones.
Mayor presión sobre las incapacidades temporales
El acuerdo otorga más capacidad a las mutuas patronales para presionar sobre las bajas por incapacidad temporal. Los pensionistas critican que, en lugar de mejorar los sistemas sanitarios públicos, se deleguen estas responsabilidades a las mutuas, lo que podría poner en riesgo la salud y el bienestar de los trabajadores.
Exigencias y próximas movilizaciones
Las organizaciones de pensionistas demandan medidas más contundentes y opuestas a las aprobadas. Exigen, entre otras cosas, la mejora sustancial de las pensiones mínimas a niveles del SMI, la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2011, y la eliminación de la brecha de género en las pensiones, que actualmente se sitúa en el 37%.
Movilizaciones previstas
En respuesta al acuerdo, los pensionistas han anunciado un amplio proceso de movilización para este otoño. Las protestas descentralizadas comenzarán el 30 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, y culminarán con una gran marcha sobre Madrid el 26 de octubre. Las organizaciones llaman a la ciudadanía a unirse en defensa del Sistema Público de Pensiones y a participar en debates y acciones en barrios, pueblos y centros de trabajo.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN
Organizaciones firmantes:
- ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)
- COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)
- EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)
- MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas)
- MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)
- UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)
- Plataformas de Pensionistas de Badajoz, Móstoles y otras localidades.
