El Gobierno del Principado defiende la solidaridad en el sistema de financiación autonómica

El Gobierno de Asturias ha declarado rotundamente su rechazo a la posibilidad de que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Principado, manifestó esta posición, respaldada por un acuerdo parlamentario regional casi unánime y por la Declaración de Santiago, que cuenta con el apoyo de otras siete autonomías.

Peláez destacó que "la salida de una comunidad del régimen común disminuiría los recursos del Estado, los cuales son fundamentales para la redistribución de la renta y la riqueza, y para mantener un estado de bienestar fuerte y equitativo en todo el territorio". Insistió en la necesidad de mantener el régimen común para garantizar la financiación de competencias cruciales como la sanidad, la educación y los derechos sociales.

"Un concierto fiscal, sin importar la comunidad autónoma que lo obtenga, implicaría un sistema que solo considere la capacidad fiscal de los territorios, dejando de lado la equidad", afirmó el portavoz.

El consejero también expresó su esperanza de que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat de Catalunya, señalando que su liderazgo podría ayudar a superar el procés, beneficiando tanto a Cataluña como al resto de España.

Gimena Llamedo, vicepresidenta y presidenta en funciones de Asturias, reafirmó el miércoles la posición del Principado sobre la financiación autonómica, insistiendo en que no se aceptarán acuerdos que comprometan los principios constitucionales de solidaridad e igualdad. Peláez subrayó que la postura de Asturias no ha cambiado en absoluto.

La posición del Principado, respaldada por la mayoría de las fuerzas políticas autonómicas, aboga por un modelo de financiación autonómica negociado multilateralmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este modelo debe considerar el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y aumentar los recursos destinados a las comunidades, reconociendo que todas están actualmente infrafinanciadas. Además, es esencial que la distribución de estos recursos tenga en cuenta factores como la dispersión geográfica, la orografía y el envejecimiento de la población, los cuales afectan significativamente el coste de los servicios públicos.

"Nuestro objetivo es asegurar el cumplimiento efectivo de los principios constitucionales de solidaridad e igualdad", concluyó Peláez.