El Gobierno de Asturias ha anunciado una significativa inversión de 15,6 millones de euros destinada a prestaciones vitales y proyectos locales de inclusión, incrementando en un 12% el presupuesto respecto al año pasado. Este aumento refleja el compromiso del Principado con el fortalecimiento de la red de apoyo social, asegurando una ayuda efectiva a los colectivos más vulnerables.
Detalle de la distribución de fondos
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, presidió la reunión de la comisión institucional del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, celebrada en la sede de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Durante la sesión, se acordó la distribución de los fondos autonómicos de la siguiente manera:
- Ayudas de emergencia social para vivienda y consumo energético: 8.480.486 euros.
- Ayudas de emergencia social para familias con menores: 2.323.814 euros.
- Apoyo a proyectos locales de inclusión social: 4.800.000 euros.
Entre los participantes de la reunión estuvieron las directoras generales de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; de Infancia y Familias, María Belén Barrero; de Presupuestos y Finanzas, Mar García Salgado; así como otros altos cargos y la gerente del Sepepa, Begoña López.
Compromiso de estabilidad financiera hasta 2027
El Gobierno de Asturias ha reforzado su compromiso con los servicios sociales municipales, destinando 272 millones de euros hasta 2027. Este financiamiento histórico, aprobado el pasado 17 de mayo, garantizará la continuidad y estabilidad de los servicios sociales gestionados por las entidades locales. Los fondos cubrirán gastos de personal, mantenimiento de servicios sociales, ayuda a domicilio, teleasistencia, programas contra la soledad no deseada y la valoración de la dependencia en zonas rurales.
El 3 de julio, se formalizó la adhesión de ayuntamientos y mancomunidades a este marco de cooperación, en un acto encabezado por el presidente Adrián Barbón. Este acuerdo plurianual fortalecerá y consolidará la red de servicios sociales, asegurando un soporte robusto para las comunidades locales.
