Jesús Daniel Sánchez, director general, critica que las subvenciones del Programa PREE 5000 no están cumpliendo su propósito, al dirigirse mayormente a segundas residencias en lugar de viviendas habituales.

La Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha solicitado un "cambio radical" en las ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para Edificios Existentes en Municipios de Reto Demográfico (PREE 5000). En una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, expresó su preocupación de que estas subvenciones no están cumpliendo su objetivo, ya que están beneficiando principalmente a propietarios de segundas residencias, en lugar de a viviendas habituales en pequeñas localidades rurales.

El Programa PREE 5000, lanzado en 2021, tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad de los edificios en municipios con desafíos demográficos. Las acciones financiadas incluyen mejoras en la envolvente térmica, sustitución de sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por fuentes renovables como biomasa, geotermia, energía solar térmica y bombas de calor, además de la incorporación de tecnologías de regulación y control y mejoras en la eficiencia energética de la iluminación.

Sin embargo, Sánchez ha señalado que los criterios actuales permiten que las ayudas, financiadas con fondos europeos, beneficien desproporcionadamente a propietarios de segundas residencias en zonas costeras de lujo, muchos de los cuales residen fuera de Asturias, en lugares como Madrid.

“Estas ayudas deben centrarse en viviendas de primera residencia. No podemos financiar segundas residencias de lujo mientras miles de asturianos en zonas rurales necesitan urgentemente rehabilitaciones energéticas, como el cambio de ventanas, tejados o sistemas de calefacción,” afirmó Sánchez.

El director general propone que las subvenciones se redirijan hacia barrios obreros urbanos y zonas rurales, evitando así beneficiar a viviendas de lujo en la costa. Según Sánchez, un gobierno progresista no debería apoyar políticas que permitan rehabilitaciones sin límite presupuestario ni restricción de ingresos para los beneficiarios. En este contexto, denunció casos de cuantías excesivas otorgadas a un único solicitante, con ejemplos de ayudas superiores a 150.000 euros.

A pesar de las críticas, la Dirección General de Vivienda ha emitido tres resoluciones hasta la fecha, con un importe total de 1.077.909 euros, agotando el crédito disponible.

Esta solicitud de reforma busca asegurar que las ayudas cumplan verdaderamente su finalidad de mejorar la sostenibilidad de las viviendas de aquellos que más lo necesitan, priorizando las residencias habituales y apoyando a las comunidades rurales y urbanas con mayores necesidades.