El Gobierno duplicará el número de inspectores para realizar 2.400 visitas en seis meses y asegurar el correcto uso de las viviendas en alquiler

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, iniciará la próxima semana un innovador plan de inspección con el objetivo de prevenir el uso fraudulento de las viviendas públicas en régimen de alquiler.

El consejero Ovidio Zapico, acompañado del director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, anunció en una rueda de prensa que este programa, que comenzará el 1 de julio, se implementará inicialmente en los concejos de la costa asturiana, donde la demanda es especialmente alta durante la temporada estival.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Consejería duplicará su equipo de inspectores, pasando de dos a cuatro efectivos. El plan prevé la realización de entre 2.300 y 2.400 visitas a lo largo de seis meses, con la intención de extender estas inspecciones a todo el territorio regional posteriormente. "Empezaremos por la costa debido a la presión que estas zonas experimentan en esta época del año", explicó Zapico.

El principal objetivo de esta medida es asegurar que las viviendas públicas, adjudicadas como primera residencia, no se utilicen como segundas residencias, viviendas vacacionales, ni para otros usos indebidos. "Hemos recibido indicios de posibles usos no apropiados de estas viviendas, y nuestra obligación es verificar estos informes y actuar con contundencia si se confirma el fraude", añadió el consejero, destacando la seriedad y valentía del Gobierno del Principado en esta cuestión.

En caso de detectar uso fraudulento, las sanciones para los inquilinos podrán variar desde la rescisión del contrato hasta multas, dependiendo de la gravedad del caso. El director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, puntualizó que la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) incluirá la figura del inspector para fortalecer este esfuerzo.

Actualmente, el parque público de viviendas en alquiler de Asturias, gestionado tanto por el Gobierno regional como por la empresa pública Vipasa, supera las 9.500 unidades. "No permitiremos el uso indebido de ninguna vivienda de este parque", afirmó Zapico.

El éxito de este plan podría llevar a su extensión a lo largo de toda la legislatura y al incremento del número de inspecciones, con la finalidad última de garantizar que las viviendas públicas cumplan su propósito original: proporcionar acceso a una vivienda digna y asequible para quienes más lo necesitan.